El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo extender el confinamiento durante Semana Santa para frenar el avance de la variante brasileña del coronavirus, que ha disparado los casos en el país caribeño.

“Anuncio que la Semana Santa este año será nuevamente en cuarentena radical”, dijo Maduro durante una alocución transmitida por la televisión estatal en la que decretó catorce días continuos de confinamiento a partir de este lunes.

En medio de un esquema llamado 7 por 7, que consiste en siete días de flexibilización seguidos por siete de “cuarentena radical”, Maduro, que se dijo preocupado por la variante brasilera y un “relajamiento” de la ciudadanía, pidió reforzar la cuarentena.

“Vamos a catorce días, dos semanas de cuarentena radical (...) con máxima vigilancia del Estado y de las instituciones, y lo hacemos por la salud de la familia, por la salud de nuestro pueblo”, indicó.

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Si bien la variante brasilera es un “factor fundamental” en el incremento de casos confirmados, el “factor multiplicador” es el “relajamiento de las medidas de prevención”, señaló el mandatario, al cuestionar la proliferación de fiestas.

Puso como ejemplo una celebración en la piscina de un hotel de Caracas con más de 200 personas que ameritó la intervención de la policía.

Maduro citó las recomendaciones de la comisión presidencial a cargo del seguimiento del coronavirus: “minimizar la movilidad innecesaria de la población, evitar concentraciones de personas en espacios públicos, disminuir actividades bancarias y comerciales no esenciales”.

Peligro por variante de Brasil

El viernes, el gobierno venezolano advirtió la llegada de una segunda ola de COVID-19 “más virulenta” que la registrada en 2020, como consecuencia de la variante surgida en Brasil.

Sin detallar el porcentaje, Maduro señaló que debido a ello, “va aumentando la ocupación de las camas hospitalarias” en Venezuela.

Al sábado, el gobierno venezolano confirmó 150.306 contagios y 1.483 muertes en el país con 30 millones de habitantes, pero las cifras son cuestionadas por la oposición y organizaciones no gubernamentales que denuncian un elevado subregistro. (I)