Al menos 2.500 extranjeros han abandonado Perú de forma voluntaria en los últimos días por la frontera norte, limítrofe con Ecuador, tras el vencimiento del plazo que dio el Gobierno a los migrantes para que regularicen su situación en el país, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

Un comunicado oficial señaló que la Policía Nacional (PNP) reportó que desde el pasado 11 de noviembre hasta este miércoles se ha registrado ese número de personas que salió por la región de Tumbes.

El Mininter aseguró que, desde hace varios meses, realizó coordinaciones y reuniones con representantes y autoridades de países de la región para el retorno voluntario de los extranjeros que no realizaron el trámite de regularización en Perú, que tuvo un plazo de seis meses.

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El pasado 10 de noviembre culminó ese proceso de regularización, tras lo cual la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que registró un total de 214.633 solicitudes para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

“Los extranjeros que no iniciaron su trámite perdieron la oportunidad de regularizar su condición migratoria y, tras su intervención, deberán afrontar el denominado Pasee”, remarcó.

El Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (Pasee) fue establecido en un decreto del Gobierno que este martes modificó e incorporó varios artículos a la Ley de Migraciones.

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La norma contempla la expulsión del país de los migrantes en condición irregular, así como de los que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana.

El Mininter aseguró que esta nueva política migratoria “está fundamentada en el irrestricto respecto a los derechos fundamentales”.

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El procedimiento incluye una audiencia única, virtual o presencial, que no podrá exceder las 24 horas desde que la Policía “retiene” al extranjero en condición irregular, también por un otro plazo máximo de otras 24 horas.

Si en el proceso se comprueba la infracción, Migraciones emitirá una resolución ordenando su expulsión inmediata, pero si se necesitan actuaciones adicionales el caso será derivado a las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario.

La Superintendencia de Migraciones también está facultada a sancionar a los operadores terrestres, marítimos, fluviales o lacustres que transporten a migrantes irregulares, así como a fiscalizar los servicios de hospedaje.

El primer ministro, Alberto Otárola, declaró el pasado lunes que los migrantes irregulares “tienen que regresar a su país, así de claro y sencillo, esa es la decisión que ha tomado el Gobierno”.

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“Acá vienen las personas que nuestro país admite que vengan, no es un país al que pueda ingresar quien le de la gana vulnerando las normas, acá lo que hay que asegurar es la paz y la seguridad de 33 millones de peruanos”, sostuvo.

La Superintendencia de Migraciones informó que el 94 % de los solicitantes del PTP son venezolanos, el 2,4 % colombianos, el 0,9 % cubanos, el 0,6 % ecuatorianos y el 1,8 % de otros países.

Una de las condiciones para acceder a este documento es no tener antecedentes penales, policiales y judiciales en Perú o en el exterior, ni registrar alertas en el sistema de la organización de Policía Internacional (Interpol). (I)