A un año de la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de Javier Milei denunció que se trata de “un caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional” y María Alexandra Gómez, pareja del gendarme, aseguró a EFE que “su único delito fue ser argentino”.

“La situación del cabo primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”, expresó el Gobierno argentino en un comunicado en conjunto entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Seguridad.

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Gallo fue aprehendido el 8 de diciembre de 2024 por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.

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Según expresó el Gobierno argentino, “la permanencia del gendarme en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”.

El Gobierno venezolano dijo en su día que Gallo era uno de los 125 “mercenarios” extranjeros detenidos por supuestos planes para atentar contra la vida de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y aseguró que el Gobierno de Milei estaba “directamente” involucrado en ese presunto complot.

“Nahuel Gallo quiso ir a visitar a su familia y su único crimen fue ser argentino” dijo a EFE Gómez, pareja de Gallo, quien además exigió que “toda la sociedad argentina” y la “dirigencia con vínculos con la dictadura que todavía no se ha manifestado”, “se unan en este grito de libertad” y devuelvan el padre a su hijo de manera inmediata.

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En mayo de este año, Gomez dejó Venezuela, su país de nacimiento, con su hijo de 3 años, en una gestión coordinada por el Ministerio de Seguridad.

Argentina ha reclamado por Gallo en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación.

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Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares urgentes, ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Nahuel no está preso, Nahuel está en desaparición forzada”, remarcó a EFE Elisa Trotta, activista venezolana radicada hace años en Argentina, y agregó: “Hace 365 días que Nahuel no ha podido tener asistencia consular, no tiene ayuda de abogados, no ha tenido ni siquiera un contacto telefónico con su familia”.

A un año del hecho, Gómez expreso que continúa “exigiendo su liberación inmediata y la de los más de mil presos políticos que mantiene como rehenes la dictadura de Maduro”.

Trotta, por su parte, aseguró estar convencida de Gallo volverá a su casa: “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y esto no puede quedar impune”.

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