El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Juli, Ciro Quispe López, luego de que salieran a la luz denuncias sobre conductas inapropiadas, abuso de poder y presuntos actos de corrupción en la administración eclesiástica de la prelatura ubicada en Puno, Perú.
El caso incluye testimonios y evidencias que señalan que Quispe López mantuvo relaciones simultáneas con al menos diez mujeres, entre ellas monjas, novicias y empresarias de la región del Cusco. Las pruebas (fotos, audios y videos) fueron entregadas al Vaticano por las propias involucradas y por una exempleada del obispado, identificada como “Julia”.
Según los reportes, las relaciones ocurrían dentro de las instalaciones de la prelatura. “El caso salió a la luz cuando las mujeres descubrieron que el obispo salía con varias de ellas al mismo tiempo”, relató el periodista Kevin Moncada, autor del reportaje publicado por Sin Fronteras. Entre el material remitido al Vaticano figura un video de 14 minutos donde se constata un encuentro sexual dentro del obispado, lo que llevó a la apertura de una investigación encabezada por el obispo Marco Cortez Lara.
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Además de los escándalos personales, Quispe fue señalado por mal manejo de fondos y contratos irregulares. Las comunidades locales lo acusaron de no rendir cerca de 100.000 soles provenientes de un programa de las Naciones Unidas. Asimismo, se documentó que mobiliario de una casa de retiro eclesiástica fue trasladado a una pollería de su propiedad en Cusco.
El empresario Bernabel Quispe Mamani denunció haber invertido 280.000 soles en la remodelación de un inmueble de la Iglesia, sin recibir compensación alguna. “Es un matón que merece ir a la cárcel”, declaró.
El Vaticano envió en dos ocasiones a investigadores para recoger testimonios y evidencias físicas. Según el periodista Liubomir Fernández, algunas de las mujeres denunciantes recibieron cargos y beneficios dentro de la prelatura como parte de un patrón de manipulación.
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El martes pasado, Quispe López ofició una misa de despedida en la catedral de Juli, donde los fieles aprovecharon el acto religioso para exigir transparencia y la devolución de los fondos. Con su salida, el caso queda en manos de las autoridades eclesiásticas y civiles. (I)
