La congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, que apoya las hasta cuatro mociones de vacancia (destitución) presentadas este jueves contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó a las embajadas de Brasil y Ecuador que no le concedan asilo en caso de que lo solicite.
“Ante los rumores de que Dina Boluarte estaría buscando pedir asilo político en las embajadas de Brasil o Ecuador, hago un llamado a ambos gobiernos hermanos a no prestarse a esta maniobra. No se trata de persecución, sino de justicia”, señaló Chirinos en un mensaje publicado en las redes sociales.
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“Boluarte debe responder ante el pueblo peruano por su incapacidad, su indolencia y las muertes que pesan sobre su Gobierno”, añadió la congresista, cuyo partido Avanza País ha sido parte del grupo de fuerzas conservadoras que la ha sostenido en el poder desde que llegó a la Presidencia a finales de 2022.
Tanto Avanza País como otros partidos de derecha apoyaron la llegada al poder de Boluarte para suceder a Pedro Castillo, del que era su vicepresidenta, luego de que el izquierdista mandatario protagonizara un fallido intento de golpe de Estado cuando temía que este mismo Congreso lo destituyera tras salir a la luz numerosos indicios de corrupción en su Gobierno.
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Por su parte, el congresista del partido izquierdista Juntos Por el Perú (JPP), Elías Vara, señaló durante el debate en el pleno del hemiciclo que ha cursado un oficio a una treintena de embajadas para que no acepten a Boluarte en sus sedes diplomáticas.
Periodistas peruanos informan que, ante la inminencia de su abrupta destitución, Boluarte ha buscado un eventual asilo en las embajadas de Argentina, Brasil y Ecuador.
En este último país se encuentra este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, quien participó en la capital Quito en la última reunión de la Comisión de Vecindad junto a su homóloga, Gabriela Sommerfeld.
Estos partidos, junto al fujimorismo y al derechista Alianza Para el Progreso (APP), entre otros, son parte de las fuerzas políticas que sostenían en el poder a Boluarte desde que asumió la Presidencia a finales de 2022, cuando sucedió a Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta.
Los partidos que respaldaban a Boluarte comenzaron a anunciar sin previo aviso su intención de destituirla al acusarla de “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, tras el episodio registrado el miércoles, cuando un tiroteo contra una famosa banda de cumbia durante un concierto en un recinto militar dejó cinco heridos, entre ellos cuatro músicos.
La pasada semana hubo un paro masivo de autobuses de transporte urbano que paralizaron la capital peruana para protestar contra el Gobierno por las extorsiones y asesinatos que sufren a manos del crimen organizado, al contabilizar 65 fallecidos y 53 heridos desde agosto de 2024.
A ello se suma que Boluarte es la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3 % según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.
En caso de consumarse la destitución, asumiría la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, y se convertiría en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte. (I)