Un total de 128 vehículos y maquinarias, de más de 200 que se prevé adquirir, arribaron el fin de semana a un puerto de Centroamérica y comenzaron a ser trasladados hacia la capital. El cargamento forma parte de un plan de compra financiado con un préstamo del Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia.
La operación fue autorizada en julio, cuando el parlamento de ese país ratificó dos créditos con Bielorrusia por un monto cercano a los 30 millones de dólares. El primero, de 25,53 millones, está destinado a proveer 205 vehículos al Ejército, incluidos camiones todoterreno, volquetas y cisternas, así como 29 máquinas de construcción como excavadoras, tractores y cargadores. El segundo, de 4,82 millones, se empleará para dotar a la Policía de 50 vehículos todoterreno y para uso urbano.
En ambos casos, la justificación oficial fue que las adquisiciones buscaban “combatir el narcotráfico, el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana”, según los documentos legislativos.
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El país que concretó estas compras es Nicaragua. Tanto el Ejército como la Policía de ese país han sido objeto de señalamientos por parte de organismos internacionales, que los acusan de cometer o apoyar violaciones graves de derechos humanos.
Los equipos fueron adquiridos a las empresas bielorrusas Belautomaz y Amkodor, ambas sancionadas en 2023 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con autoridades estadounidenses, estas compañías están vinculadas a allegados del presidente Alexander Lukashenko y han recibido beneficios estatales a cambio de su lealtad política.
Con este desembolso, Nicaragua suma cerca de 50 millones de dólares en préstamos obtenidos de Bielorrusia en los últimos años. Ambos gobiernos han sido sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos, y mantienen vínculos estrechos con países como Cuba y Venezuela. (I)
