El 29 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Ecuador y Perú firmaron el Protocolo de Río de Janeiro.
Este documento, respaldado por los países garantes —Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile—, buscaba poner fin a una guerra breve pero intensa que había dejado a tropas peruanas ocupando territorios ecuatorianos.
Sin embargo, para el pueblo y el Estado ecuatoriano, aquel tratado nunca representó una paz justa, y desde su firma fue considerado inejecutable.
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Presión internacional y decisiones sin respaldo
Durante la conferencia en Brasil, la delegación ecuatoriana —liderada por el canciller Julio Tobar Donoso— se enfrentó a una fuerte presión diplomática y militar.
Mientras Ecuador asistía en condición de país invadido, con las provincias de El Oro, Loja y parte del Oriente bajo control peruano, los mediadores insistían en alcanzar un acuerdo inmediato en nombre de la “unidad americana”, incluso bajo la amenaza de una continuación de la ofensiva peruana.
Fronteras indefinibles sobre el terreno
Los artículos del Protocolo establecían una nueva línea fronteriza basada en referencias geográficas que, en muchos casos, no existían en la realidad.
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En la región de la Cordillera del Cóndor, por ejemplo, el tratado mencionaba divisorias de aguas entre ríos que jamás pudieron ser identificadas con precisión, lo que impidió por décadas su aplicación efectiva sobre el terreno.
La nulidad proclamada por Ecuador
Además del argumento técnico, Ecuador sostuvo con firmeza que la firma del tratado fue producto de la coacción y por tanto carecía de validez jurídica.
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La delegación ecuatoriana no contó con autorización presidencial para suscribir el acuerdo y lo hizo bajo la amenaza directa de una guerra ampliada.
De hecho, las tropas peruanas permanecieron en territorio ecuatoriano incluso después de firmado el documento, lo cual evidenciaba la falta de condiciones mínimas para una negociación justa.
Las causas de su inejecutabilidad no se limitaban a lo geográfico o diplomático.
En 1960, el presidente José María Velasco Ibarra declaró oficialmente la nulidad del tratado, respaldado por el Congreso Nacional, la Corte Suprema y todos los partidos políticos del país.
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Entre las razones presentadas, destacaban la agresión armada previa a la firma, la ocupación territorial al momento de suscribirse el protocolo y la violación del derecho internacional americano, que prohíbe la adquisición de territorio por la fuerza.
Conflictos recurrentes y una paz tardía
A lo largo de los años, la disputa limítrofe generó nuevos enfrentamientos, como los conflictos de Paquisha (1981) y del Cenepa (1995), donde nuevamente se evidenció la falta de consenso sobre el cumplimiento del Protocolo.
Ecuador reiteró su posición: el tratado no solo fue impuesto, sino que además no podía aplicarse físicamente por su redacción ambigua e inexacta.
No fue hasta el 26 de octubre de 1998 que ambos países lograron firmar la paz definitiva.
Con la firma del Acta de Brasilia, el gobierno ecuatoriano de Jamil Mahuad aceptó la implementación del Protocolo de Río de Janeiro, incluyendo la delimitación del tramo final de 78 kilómetros en la Cordillera del Cóndor.
Con esta acción, se cerró uno de los capítulos más complejos de la historia limítrofe sudamericana. (I)
