En agosto de 2023, el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, lanzó el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, una política de Estado destinada a esclarecer el destino de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, el programa quedó bajo fuerte escrutinio luego de que una investigación periodística revelara la posible ubicación con vida en Argentina de Bernarda Vera, una militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) incluida en la lista oficial de desaparecidos políticos.
Vera, detenida en octubre de 1973 cuando tenía 27 años, había sido reportada como ejecutada en el puente de Villarrica, según testimonios recogidos por una Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación(Rettig). No obstante, un reportaje de Chilevisión asegura haberla encontrado en la localidad bonaerense de Miramar, donde una cronista logró abordarla en la puerta de su domicilio. Ante la pregunta directa “¿Señora Bernarda?”, la mujer respondió con un “sí” antes de refugiarse en su vivienda y negarse a hablar.
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El caso generó inmediatas reacciones. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoció que existen antecedentes en revisión, incluso con información entregada por Suecia, país al que presuntamente primero se traladó la mujer, pero subrayó que aún no hay certeza de que se trate efectivamente de Vera. “Estamos recopilando datos que permitan verificar su identidad”, señaló en CNN Chile.
La oposición, en tanto, cuestionó al Ejecutivo y puso bajo la lupa las pensiones entregadas a la familia de Vera como reparación. Legisladores de la Unión Democrática Independiente (UDI) y del Partido Republicano exigieron a la Contraloría investigar posibles irregularidades en los pagos y en la clasificación del caso como desaparición forzada.
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Desde el oficialismo y organismos de derechos humanos se llamó a la prudencia. “Un eventual error en la acreditación no puede usarse para alimentar el negacionismo de los crímenes de la dictadura”, advirtió a Clarín, el sociólogo Pablo Seguel, de la Universidad de Chile, quien remarcó que la magnitud de la violencia estatal puede haber generado inconsistencias documentales.
El suceso reaviva la tensión entre la necesidad de esclarecer la verdad histórica y la disputa política en torno a la dictadura, justo cuando Chile conmemora medio siglo del golpe de Estado de 1973. (I)