Cerca de 300 bolivianos, entre empresarios importadores y exportadores, reconocidas figuras del deporte, la moda y la belleza, hasta exfuncionarios públicos, convirtieron, entre 1987 y 2018, a Islas Vírgenes y Panamá en sus paraísos fiscales favoritos. También están quienes acudieron a Belice, Bahamas y Seychelles, pero en menor escala.

Así refleja el análisis de 15.000 archivos relacionados con Bolivia, que son parte de los casi 12 millones que fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Esta investigación, denominada Pandora Papers, reúne a más de 600 periodistas de 117 países y expone ante el ojo público el servicio offshore que 14 bufetes de abogados e intermediarios financieros brindaron a clientes de todo el mundo.

Los documentos revisados por el equipo Pandora Papers Bolivia muestran cómo, entre 1987 y 2018, arribaron a estos territorios financieros offshore casi tres centenas de bolivianos y registraron 130 compañías. Lo hicieron y lo hacen seducidos por las altas ventajas impositivas, el anonimato garantizado y la reducción de trabas burocráticas que ofrecen estas jurisdicciones.

Del análisis de la data se desprende que el 78 % de las 130 entidades offshore se creó sin la necesidad de ayuda de intermediarios, figura que usualmente forma parte del proceso de registro de empresas pantalla. Los beneficiarios contactaron directamente a su proveedor, en este caso Alcogal, Trident Trust, SFM Group y OMC Group, que son los cuatro bufetes internacionales con los que trabajaron.

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Otro dato revelador que se desprende del análisis de los archivos es que el 60 % de beneficiarios que está detrás de las 130 compañías extraterritoriales son grupos familiares. Por lo general, son los padres los que crean fideicomisos para sus hijos o los nombran beneficiarios finales de dichas empresas.

En esta figura entran dos de los tres exfuncionarios públicos de más alto rango identificados. Es el caso de Branko Marinkovic Jovicevic, que en 2020 estuvo al frente de los ministerios de Planificación del Desarrollo y del de Economía.

El empresario y político cruceño, de origen croata, creó en el año 2000 en Panamá -junto a cuatro miembros de su familia- la offshore Granol S.A., cuyas operaciones alcanzaron a Bolivia, según se puede ver en el registro de Fundempresa. Esta no es la única compañía con la que está vinculado. La investigación de los Papeles de Panamá, en 2016, hizo público que él y su familia también estaban relacionados con otras cuatro offshore.

Otro esquema fue creado por el recientemente fallecido exministro de Desarrollo Económico y Hacienda (1993-1997) y de Energía e Hidrocarburos (2002-2003), Fernando Illanes de la Riva, quien no solo aparece en los Pandora Papers, sino también en los Papeles de Panamá.

Los archivos de la más reciente filtración revelan que, a través de Trident, Illanes de la Riva abrió The Chimera Trust y Chimera Investment Holding Corp. en Islas Vírgenes para crear un fideicomiso de alrededor de $ 3 millones para sus hijos. Previamente a la conformación de estas empresas, el exministro ya tenía otra firma constituida en Panamá por el bufete Mossack Fonseca.

“En España a este proceder le decimos ‘poderoso señor don Dinero’”, dice la experta española en justicia fiscal de Oxfam, Susana Ruiz, quien en 2016 visitó el país andino para capacitar a la Comisión Mixta de Investigación que indagó en el caso Panamá Papers. Según la experta, lo que hacen los usuarios es sofisticar sus prácticas, si antes usaban un solo paraíso fiscal y una sola cuenta, a través de un solo despacho y un territorio offshore, “ahora están creando más cortafuegos de los que había para borrar sus rastros”.

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En la caja de los Pandora Papers también se encontró el nombre de Pedro Jaime Valdivia, excónsul de Bolivia en Sao Paulo (Brasil), cuyo hermano, un exdiputado del MAS, fue vinculado con el círculo empresarial cercano a Evo Morales. Valdivia registró en Panamá, gracias a los servicios del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Hines Finance Corporation dos años después de que asumiera como cónsul en 2006, y la cerró EN 2014, dos años antes de ser relevado de este cargo. Es decir, la empresa permaneció abierta por seis años.

El equipo Pandora Papers Bolivia les hizo llegar la solicitud de entrevista o comentarios a estos tres exfuncionarios públicos desde el 20 de septiembre e insistió hasta horas antes de esta publicación. Los dos exministros se excusaron de responder. Marinkovic, a través de su abogado, hizo saber que, de hacerlo, se expondría a la “persecución” del Gobierno del MAS.

En el caso de los miembros de la familia de Illanes de la Riva, se contactó a un intermediario que en principio hizo de nexo con la misma. Señaló entonces que los familiares de Illanes no podrían atender la solicitud ya que se encontraban fuera de Bolivia por vacaciones. En la última comunicación con Pandora Papers Bolivia, este indicó que “no tenía posibilidad de concretar ninguna entrevista”.

Por otro lado, el abogado de Pedro Jaime Valdivia, en principio dijo que su cliente no recordaba haber creado una offshore en Islas Vírgenes, pero luego ya no respondió.

El análisis de la data muestra además que hay tres picos en la constitución de offshore por bolivianos que coinciden con períodos críticos en la historia de ese país, pero también con los de bonanza económica. Sin embargo, para un experto en derecho tributario, que pidió mantener su nombre en reserva, las crisis sociales no son la principal razón para que se abran este tipo de empresas.

En su experiencia como funcionario público de una entidad que también investiga temas relacionados con los paraísos fiscales, en Bolivia por lo general “una offshore se utiliza cuando tienes dinero y no quieres que se conozca que tienes ese dinero y los movimientos que haces del mismo”. Ruiz, por su parte, agrega que si una offshore no está registrada en el país donde realiza sus operaciones, eso ya podría considerarse un indicio de ilegalidad”.

Los tres momentos en que se abrieron más compañías

Los documentos revisados por el equipo Pandora Papers Bolivia dan cuenta de que en 2004, 2010 y 2015 se abrieron mayor cantidad de compañías en paraísos fiscales.

El primer pico, el de 2004, se dio cuando este país aún no cerraba las heridas abiertas por la “guerra del gas” de 2003. El conflicto dejó 60 muertos y más de 500 heridos, un presidente fugado y una economía en crisis. Fue en ese año que un grupo de empresarios mineros y agropecuarios se refugiaban en Panamá e Islas Vírgenes, donde constituyeron ocho empresas.

La llegada de Evo Morales al poder en 2006 coincide con el “boom” del precio de las materias primas a escala global, un fenómeno que hizo que el precio del barril del petróleo sobrepase los 100 dólares, lo que incrementó el valor de las exportaciones de gas boliviano. Mientras este país sudamericano vivía su auge económico, Evo Morales cumplía algunas de sus promesas electorales, como la nacionalización de empresas y la reversión de grandes extensiones de tierra en el oriente del país. También presionaba a los contribuyentes para obtener más recursos provenientes de los impuestos.

Fue en ese escenario, en 2010, que se dio el segundo pico de salida de capitales bolivianos a Islas Vírgenes (9) y Panamá (1). Las empresas fueron conformadas por empresarios mineros y gente del cine, la moda y la belleza.

A partir de este año hasta 2012 se observa un tope en la constitución de empresas, entre una decena por año. En este periodo se registró un par de episodios que marcaron la historia de Bolivia y le jugaron en contra a la popularidad de Evo Morales: el gasolinazo y la cruenta represión policial a indígenas del Tipnis.

Los indígeneas Tipnis de Bolivia se levantaron desde 2011 contra el Gobierno de Evo Morales (MAS), por la construcción de una carretera. Foto: Corte

En 2015, se registró el tercer y último pico cuando empresarios agrícolas y deportistas bolivianos conformaron compañías en Islas Vírgenes (6) y Panamá (5).

“Sería interesante analizar cuál fue el factor común en esos periodos por el cual los que tenían dinero no querían que el Estado se enterara que tenían ese dinero. Pueden ser diversas causas desde la creación de un nuevo impuesto; debido a gestiones en las que se han hecho contratos muy grandes por parte del Estado o que hayan llegado transaccionales y hayan invertido muchísimo dinero y para sacar sus utilidades han tenido que crear una offshore”, concluyó el experto.

¿Qué pasó en Bolivia luego de los Papeles de Panamá?

En 2016, los Papeles de Panamá mostraron que, aunque la conformación de empresas en paraísos fiscales es un problema exclusivo de quienes usan su dinero para esconder más dinero, no deja de ser una preocupación global de la cual Bolivia no estaba al margen. Esta investigación periodística, también publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), motivó a que la Asamblea Legislativa Plurinacional inicie una investigación a los empresarios que aparecían en esta filtración.

Cuando concluyó su trabajo, a finales de 2017, además de hacer una serie de recomendaciones, proponer un proyecto de ley para combatir los paraísos fiscales y enviar trece casos a investigación, calculó que al menos unos mil millones de dólares salían cada año desde Bolivia hacia jurisdicciones de ultramar y además determinó que el Estado no era lo suficientemente riguroso en su control.

¿Qué ha cambiado desde entonces? Juan David Alarcón, miembro del Instituto de Investigaciones de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) y exconsultor legal de la Comisión Mixta de Investigación de Paraísos Fiscales en Bolivia, aseguró que en los últimos cinco años se han adoptado algunas medidas para frenar el mal uso de los paraísos fiscales. También recordó que a la fecha el “Proyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales” quedó estancado en su tratamiento.

Hasta la revelación de los Papeles de Panamá el tema de las jurisdicciones offshore no estaba en la agenda del Gobierno ni de la ciudadanía. Sin embargo, a partir de ese momento el país ha ido implementando cambios en su sistema tributario y normativas que tienen que ver con los paraísos fiscales. Se empezó por introducir la conceptualización de lo que es un paraíso fiscal en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), explicó Alarcón.

Es decir, las instituciones estatales llamadas a prevenir la evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos que confluyen en las guaridas fiscales, fueron avanzando sin necesidad de esperar la promulgación de una ley específica. Un ejemplo es la resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de junio de 2020, en la que instruye a los notarios informar cuando vean una operación sospechosa.

En la actualidad, se anuncian protestas en repudio al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales que, en la segunda quincena de septiembre, fue aprobada por la Cámara de Diputados. Actualmente el documento pasó al Senado para su tratamiento.

Horas después de que se publicara esta investigación, el exministro Marinkovic señaló que la empresa Granol S.A. “nunca tuvo movimiento económico y que está en proceso cierre porque nunca se hizo nada”. Agregó que su familia “siempre trabajó honestamente”, tanto en Bolivia como en los demás países donde exportan sus productos. (I)