Bulgaria se prepara para adoptar el euro como moneda oficial, mientras parte de la población mantiene reservas por el posible impacto en los precios y el costo de vida. Durante este año surgió una campaña para “mantener el lev búlgaro”, que buscó capitalizar los temores sobre la inflación y la percepción negativa hacia la moneda europea.

Pese a ello, distintos gobiernos han sostenido la meta de ingresar a la eurozona, con el argumento de que la medida impulsará la economía, reforzará la relación con Occidente y ofrecerá mayor protección frente a influencias externas. El euro comenzó a circular en 2002 en 12 países y se ha ido ampliando desde entonces. Croacia fue el último Estado en incorporarse, en 2023.

El proceso en Bulgaria ocurre en un contexto político complejo. El país enfrenta su octava elección en cinco años tras protestas anticorrupción que provocaron la caída del gobierno conservador. Boryana Dimitrova, del instituto Alpha Research, señaló a AFP que cualquier dificultad en la transición podría ser utilizada por sectores políticos contrarios a la Unión Europea y alimentar discursos críticos hacia Bruselas.

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Los partidos de extrema derecha y grupos prorrusos han impulsado protestas contra el euro. En zonas rurales, parte de la población expresa temor a incrementos de precios. “Los precios subirán. Eso es lo que me han dicho mis amigos que viven en Europa occidental”, declaró a AFP Bilyana Nikolova, comerciante de la localidad de Chuprene.

Según el Eurobarómetro, el 49 % de los búlgaros se opone a la adopción del euro. Tras la hiperinflación de los años noventa, Bulgaria vinculó su moneda primero al marco alemán y luego al euro, lo que la dejó bajo influencia del Banco Central Europeo (BCE). “Ahora por fin podrá participar en la toma de decisiones dentro de esta unión monetaria”, explicó Georgi Angelov, economista del Open Society Institute de Sofía.

Bulgaria ingresó a la fase previa de la eurozona en 2020, junto con Croacia. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó recientemente en Sofía que los beneficios serían “sustanciales”, entre ellos mayor fluidez comercial, menores costos financieros y mayor estabilidad de precios. Añadió que pequeñas y medianas empresas podrían ahorrar cerca de 500 millones de euros en comisiones de cambio. El sector turístico, que representa alrededor del 8 % del PIB, también espera beneficios.

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Lagarde indicó que el impacto en los precios al consumidor sería “modesto y temporal”, estimando un efecto entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales, de acuerdo con experiencias previas. Sin embargo, los consumidores continúan preocupados. Los alimentos subieron 5 % interanual en noviembre, según datos oficiales, por encima del promedio de la eurozona.

El Parlamento creó organismos de supervisión para investigar aumentos de precios y evitar incrementos injustificados durante la transición monetaria. (I)