La corrupción de la clase política y la falta de compromiso para construir una justicia eficiente serían los principales motivos para que los crímenes contra periodistas sigan, en su gran mayoría, en la impunidad. Así lo afirma Emmanuel Colombié, director del despacho de América Latina para Reporteros sin Fronteras (RSF).

Este 2 de noviembre se conmemora por octavo año el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas fueron asesinados en el mundo entero. Cerca de 9 de cada 10 casos de estos asesinatos siguen sin resolverse judicialmente y en la última década, un periodista ha sido asesinado en promedio cada cuatro días, según cifras del observatorio de periodistas asesinados de la Unesco.

A nivel regional, Colombié refiere que los países más peligrosos, si hablamos solamente de violencia física y asesinatos para ejercer el periodismo, son México, Honduras, Guatemala, Colombia, donde cada año los ataques son recurrentes. Y ya a nivel mundial subraya que es en los países con conflictos abiertos donde se observan numerosos asesinatos y ataques contra periodistas, como Pakistán, Afganistán, Yemen y Siria.

César Ricaurte, periodista y director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), dice que a nivel mundial se ha visto que el nivel de impunidad en los crímenes contra periodistas ronda el 90 % y que en América Latina esa cifra se eleva al 98 %.

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“Hay un nivel de impunidad masivo, no hay ningún interés de los Estados por investigar y castigar los delitos contra periodistas... Son pocos los casos que llegan a ser judicializados y esto lo que hace es fomentar que se siga agrediendo y asesinando a periodistas”, subraya.

Para Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación de Ecuador, ”la impunidad de las agresiones contra periodistas genera un efecto atemorizante sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no solamente de los periodistas, sino también a la ciudadanía por evitar que esté informada”.

Cruz dice que es lamentable que esto conlleve a que se establezcan en los países ideas de que existen temas sobre los que no se puede hablar.

Colombié coindice y enfatiza en que “la impunidad es la base de un círculo vicioso que alimenta la violencia contra la prensa” que envía un mensaje a la sociedad de que “pueden atacar, pueden matar a los periodistas y que no va a pasar nada, y esto es muy preocupante y muy grave”.

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Algo que es cada vez más preocupante, según Colombié, “es el bloqueo al acceso a la información pública que se agudizó durante la pandemia” y asegura que muchos periodistas han sido impedidos de trabajar y de tener información de interés público.

“Los periodistas enfrentan muchos desafíos y dificultades para trabajar, una de ellas es la violencia estructural, sobre todo en países con alto nivel de corrupción y de violencia del crimen organizado, estos comunicadores que van denunciando a nivel local la corrupción y van incomodando a los poderes políticos, económicos o religiosos se encuentran amenazados, perseguidos y atacados”, manifiesta.

Colombié menciona también que en la región “hay un discurso tóxico público en mandatarios que intentan presentar a la prensa como enemiga del pueblo” y que eso pasa en Cuba, Nicaragua, Venezuela y también en México.

“Un discurso público que en vez de valorizar el trabajo de la prensa independiente la estigmatiza todos los días y esto genera una desconsideración general de los periodistas a la prensa y miedo y autocensura dentro del propio gremio”, refiere.

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Por su parte, Ricaurte manifiesta que en la región se vive una situación muy grave ligada al poco interés y falta de voluntad de los Gobiernos, falta de conciencia de los operadores judiciales de su papel fundamental para garantizar la libertad de expresión y ser protectores realmente de los periodistas y del trabajo de la prensa”.

En el caso de Ecuador, dice que la Fiscalía General del Estado no ha investigado a fondo casos emblemáticos como el de los periodistas de El Comercio, asesinados en Colombia en 2018, o el de Fausto Valdiviezo, asesinado en 2013.

A través de Fundamedios, organización pionera desde hace quince años en monitorear las agresiones contra la prensa que han permitido visibilizar el nivel de agresión que existe contra la prensa en Ecuador, Ricaurte determina que, durante los diez años de gobierno de Rafael Correa, “hubo una persecución sistemática contra la prensa”.

No obstante, dice que si se analizan las cifras durante el gobierno de Lenín Moreno, las agresiones contra la prensa se mantuvieron pese a registrar un cierto declive, y ahora con la llegada al poder de Guillermo Lasso, persisten.

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Ante estos escenarios, hace un llamado a que este 2 de noviembre sea una fecha para tomar conciencia tanto a nivel local como regional y mundial.

“Es una fecha para que nos digan que se van a tomar muy en serio el trabajo los operadores judiciales para proteger a la prensa, hace falta un trabajo muy intenso de formación de jueces y fiscales... el Estado tiene la obligación de proteger el trabajo de la prensa y no la puede evadir”, apunta.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, Cruz, desde el ente que preside, afirma que su principal objetivo es evitar las agresiones para el gremio y desarrollar un sistema de protección para los periodistas durante sus labores.

Menciona que durante su gestión, que lleva cerca de cuatro meses, han suscrito convenios con la Defensoría del Pueblo para que los periodistas tengan acceso a asesoría jurídica gratuita y patrocinios frente a la judicialización como consecuencia del trabajo periodístico o de las investigaciones periodísticas.

La capacitación a los defensores públicos con los estándares internacionales sobre el tema, que los periodistas sean considerados defensores de derechos humanos, que investigaciones periodísticas no se vean afectadas en caso de poner una denuncia y empezar un proceso judicial y un mapeo de las zonas rojas para hacer periodismo figuran también entre los puntos que Cruz busca implementar en Ecuador para un periodismo más libre y seguro.

Casos impunes en Ecuador

Según reportes de la Unesco, en Ecuador se han registrado las muertes de seis trabajadores de la comunicación en el ejercicio de su profesión. Figuran Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo de diario El Comercio, secuestrados y asesinados en el 2018 en la frontera norte. Los otros casos son el de Fausto Valdiviezo, asesinado en 2013, y los de José León y Saúl Suárez, quienes perdieron la vida en 2006. (I)