Un juez de conocimiento de Medellín condenó a Nathalia Carolina Vargas Salcedo a 33 años y 4 meses de prisión tras hallarla responsable del delito de homicidio agravado, por la muerte de un ciudadano ecuatoriano de 37 años ocurrida en diciembre del año pasado.
La sentencia se produjo luego de un proceso liderado por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la participación directa de la mujer en los hechos. La investigación, a cargo de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, permitió reconstruir la secuencia del crimen, que se originó a partir de un contacto previo a través de una red social.
Según el expediente judicial, la víctima y la hoy sentenciada se citaron inicialmente en un establecimiento comercial del sector de La 70, una de las zonas más concurridas de la ciudad. Tras compartir en el lugar, el ciudadano ecuatoriano, quien presentaba signos de embriaguez, se retiró junto con Vargas Salcedo y otra pareja hacia un hotel cercano.
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Horas después, el cuerpo del hombre fue hallado sin vida en una de las habitaciones del establecimiento. El informe pericial determinó que la víctima presentaba signos de estrangulamiento y múltiples golpes que confirmaban que se trató de una muerte violenta.
Durante la investigación, las autoridades recolectaron varias pruebas que reforzaron la responsabilidad penal de la acusada. Entre ellas, se detectaron movimientos bancarios con las tarjetas de crédito de la víctima por más de 12 millones de pesos, registros del hotel que permitieron identificar a las personas que ingresaron a la habitación y un vínculo directo entre el uso de los plásticos hurtados y las compras realizadas por la sentenciada.
Además, el rastreo técnico de redes sociales confirmó la planeación previa del encuentro.
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Vargas Salcedo ya había enfrentado un proceso judicial relacionado con este caso y había recibido una condena de 22 meses y 12 días de prisión tras aceptar su responsabilidad por el delito de hurto mediante un preacuerdo. No obstante, esta nueva sentencia corresponde exclusivamente a su responsabilidad en la muerte del ecuatoriano.
La mujer fue capturada el 2 de enero en el barrio Aranjuez, en Medellín. Aunque la defensa puede interponer los recursos legales correspondientes, al tratarse de un fallo de primera instancia, el juez consideró que la solidez de las pruebas y el beneficio económico obtenido tras el crimen justificaban la imposición de una de las penas más altas registradas recientemente en la ciudad para este tipo de hechos. (I)
