A través de un comunicado en conjunto, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron su preocupación ante la remoción y detención de Pedro Castillo de la Presidencia de Perú.
En la misiva calificaron a Castillo como presidente de la República del Perú y acusaron que fue víctima de “un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.
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Además de hacer un llamado a los involucrados en el proceso para priorizar la voluntad de la ciudadanía y que se abstenga de “revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
“Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”, se añadió.
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La vicepresidenta Dina Boluarte denunció a Castillo por intentar perpetrar un “golpe de Estado” y lo reemplazó en el poder. Ahora enfrenta multitudinarias protestas de gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas, sectores afines a Castillo que exigen su renuncia.
Durante su escape, Castillo trató de refugiarse en la embajada mexicana en Perú pero fue detenido antes que cumpliera ese objetivo. En prisión solicitó asilo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El pasado sábado, México rechazó que estuviera interviniendo en los asuntos internos de Perú ante la solicitud de Castillo. El país sudamericano calificó de “injerencistas” declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en las que afirmó que Castillo fue víctima de un “golpe blando” urdido por medios de comunicación y las “élites económicas y políticas” peruanas. (I)