“No más impuestos”, “salud y educación” y “nos están matando a punta de hambre” se leía en algunos carteles este miércoles en las diferentes marchas que se registraron en Colombia, donde miles de personas volvieron a las calles para protestar contra el Gobierno del presidente Iván Duque, al fin de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y que dejan 24 muertos, la mayoría por disparos.

La jornada de este miércoles contrasta con lo vivido en Bogotá entre la noche del martes y la última madrugada, en la que vándalos atacaron 23 estaciones de Policía, una de las cuales fue incendiada con diez agentes adentro, asonadas que dejaron 72 civiles y 19 policías heridos.

Duque se refirió a los hechos de vandalismo que han ocurrido en medio de las protestas sociales y dijo que, ante denuncias de la Fiscalía sobre la supuesta financiación de estas actividades por parte de estructuras del narcotráfico, ha aperturado una línea nacional telefónica para denunciar estos actos. También anunció una recompensa económica para quienes ayuden a capturar a los responsables y la activación de un grupo especial de investigación, publicó El Espectador.

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En tanto, bajo la lupa de la comunidad internacional, que denunció excesos de la fuerza pública, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron este miércoles a las calles en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y otras capitales regionales en medio de cánticos, música, banderas de Colombia y blancas, refiere AFP.

“Duele la negligencia de un Gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública, en vez de ayudar a la gente; prefieren ayudar a los bancos, a las grandes empresas”, dice Héctor Cuinemi, un estudiante de 19 años que protestaba en Bogotá.

En distintos puntos de la capital, numerosos grupos se dieron cita para avanzar luego hacia la central Plaza de Bolívar, aledaña a la sede presidencial.

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En Cali, un foco de los disturbios, miles de indígenas se sumaron a las protestas agitando sus bastones de mando y gritando “resistencia”, mientras una multitudinaria manifestación se volcó a las calles en Medellín con música, teatro y arengas contra el Gobierno.

Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en la protesta más grande contra el Gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018, recoge EFE.

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Las movilizaciones, además de los 24 fallecidos, han causado más de 800 personas lesionadas y 89 desaparecidas, y también tres policías heridos de bala; a los disturbios se suman bloqueos en vías. Algunas ciudades como Cali registran desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con insumos médicos en plena pandemia del coronavirus, y también se han visto afectados eventos deportivos internacionales que se realizarán ahora en otros países.

Ante la situación que atraviesa el país, Duque aseguró que abrirá “espacios de diálogo” para escuchar a los ciudadanos. El Gobierno prevé realizar once reuniones con cortes, el Congreso, organismos de control y la Fiscalía, sin incluir todavía a los líderes de las protestas.

No obstante, el llamado Comité del Paro, que reúne a los sectores inconformes, dijo estar abierto a una negociación directa sin intermediarios.

Con la popularidad en picada (33%), el presidente ha enfrentado protestas masivas desde 2019, asediado por un descontento avivado por la pandemia en un país que sufre más de medio siglo de conflicto armado.

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Y aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, el malestar posconflicto pareció instalarse en uno de los países más desiguales del continente, con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza al 42,5% de la población.

Durante esta semana de protestas, el Ministerio de Defensa ha desplegado 47.500 uniformados en todo el país. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y le exigieron garantías al Gobierno en medio de las protestas.

En medio de este estallido social, Colombia atraviesa también por su tercera ola de COVID-19, que tiene su sistema hospitalario al borde del colapso. (I)