Jacqueline, quien pasó casi once años en la cárcel por un parto extrahospitalario tipificado como tentativa de homicidio, recuperó su libertad en El Salvador, donde el aborto está penado y prohibido en todos sus extremos.

Después de 10 años y 9 meses en prisión, Jacqueline recuperó su libertad. Ella enfrentó un parto extrahospitalario en julio de 2011. Su hija sobrevivió, pero cuando buscó ayuda médica para ambas fue detenida”, consignó en un comunicado difundido el jueves la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee), que apoya a esta mujer.

Jacqueline tenía 23 años cuando afrontó su parto y “no pudo estar con su hija recién nacida, ni con su hijo de 8 años”. El 12 de diciembre de 2011 fue condenada a 15 años de cárcel por “homicidio en grado de tentativa”.

El caso de Jacqueline “confirma el camino para la libertad de todas las mujeres criminalizadas por aborto y emergencias obstétricas”, declaró la presidenta de Acdatee, Morena Herrera.

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Las mujeres que afrontan emergencias con sus embarazos, según Herrera, no deben ser “denunciadas, perseguidas, procesadas, condenadas y encarceladas por problemas que deben ser atendidos por la salud pública”.

La abogada Abigail Cortez, del equipo jurídico de Acdatee, aseguró que el parto extrahospitalario de Jacqueline fue “sin asistencia” por lo que le negaron el derecho a una “asistencia médica oportuna” y luego, estando en la cárcel, tomaron decisiones sin consultar a su defensa.

“Estando en la cárcel a Jacqueline la hicieron firmar la adopción de su hija, sin explicar las implicaciones”, señaló Cortez.

“Me siento agradecida con todas las personas que nos han apoyado para que hoy estemos libres”, declaró Jacqueline, según un comunicado de Acdatee.

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Aborto prohibido

Desde 2009, 65 mujeres condenadas por emergencias de salud durante el embarazo, la mayoría de condición humilde, han sido liberadas en El Salvador, apoyadas por Acdatee y otras agrupaciones feministas y de derechos humanos.

El Código Penal salvadoreño prohíbe desde 1998 el aborto en todos los casos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican incluso los casos de aborto involuntario como “homicidio agravado”, con penas de hasta 50 años.

El año pasado, el presidente Nayib Bukele retiró de un proyecto de reforma constitucional la posibilidad de permitir el aborto cuando está en peligro la vida de la madre, luego de reclamos de la Iglesia católica. (I)