Este jueves, el Gobierno del presidente Iván Duque volvió a reunirse con los representantes del paro nacional que vive el país desde hace cuatro semanas.
Antes de entrar a la cita, el llamado Comité del Paro anunció que pese a las conversaciones convocaban de nuevo a la ciudadanía para salir a protestar el 26 y el 28 de mayo.
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De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, así lo anunció Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), integrante del comité, que luego presentó un comunicado diciendo lo mismo.
Las movilizaciones sociales en Colombia, que comenzaron el pasado 28 de abril, consiguieron que el Gobierno retirara la reforma tributaria, germen del paro; y luego han seguido con otros puntos, como tumbar la reforma de salud en el Congreso, lo que ocurrió el miércoles.
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El Gobierno también ha hecho avances hacia la juventud, uno de los sectores con más descontento, al anunciar matrícula universitaria gratis para los jóvenes de estratos más bajos.
Además, durante las movilizaciones sociales han renunciado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la canciller, Claudia Blum; y el comandante de la Policía Metropolitana de Cali (epicentro de las protestas y de la violencia policial), el general Juan Carlos Rodríguez.
Sin embargo, una de las grandes complicaciones para los acercamientos es que el Gobierno no parece ceder en el reconocimiento de la brutalidad policial, por la que organismos internacionales y otros países han señalado a la fuerza pública durante las protestas.
La Defensoría del Pueblo, en su último reporte de la pasada semana, explicó que ha recibido reportes de 42 asesinatos (41 civiles y un agente de la Policía) durante las protestas, mientras que organizaciones como Temblores y el Instituto de Desarrollo de la Paz (Indepaz) recogen reportes de 51 víctimas de “violencia homicida de la Policía”.
A estas cifras habría que sumarle que la noche del miércoles se reportó una mujer muerta en enfrentamientos en Cali. Según RCN, un grupo de personas estaba saqueando un almacén, y uniformados que llegaron al lugar respondieron a los disparos. La mujer, de 25 años, no estaba robando, sino que murió por una bala perdida cuando estaba en la zona.
Además, el jueves vándalos atacaron ocho túneles ubicados en la carretera que lleva a Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia, lo que afecta gravemente el comercio internacional en momentos difíciles para el país.
Los argumentos que esgrimen los que se manifiestan es que Colombia vive el aumento de la pobreza y la desigualdad, así como la falta de políticas para mitigarlo, y un incremento notable de la inseguridad y la violencia desde la firma del acuerdo de paz en 2016, según EFE.
Analistas colombianos creen que la solución demorará en llegar, puesto que ambos lados están aún muy firmes en sus posiciones y la situación del Gobierno, en materia económica y política, no es muy fuerte como para ofrecer y realizar grandes cambios.
En tanto, en Antioquia, la Gobernación llegó a un acuerdo con la minga indígena que está en Medellín, según el diario El Tiempo.
Entre lo acordado está la atención médica en los distintos cabildos indígenas y un análisis de los puestos de salud actuales, becas anuales y mejoramientos en infraestructura. (I)