Opiniones divididas sobre la Ley de Alquileres copan las conversaciones en España por estos días. Los cambios de la normativa legal, sin dudas, “pone contra las cuerdas” a los propietarios de viviendas. Los inquilinos sienten que respiran aliviados.
En España, la Ley de Alquileres da luz verde a los inquilinos en este aspecto: “podrán seguir viviendo en la propiedad, incluso si el propietario no desea renovar el contrato”.
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En Mundo Deportivo difunden que “los inquilinos podrán seguir viviendo en una propiedad alquilada hasta por tres años más”, todo ese tiempo se permitirá pese a la negativa del propietario del “piso” que ya no quiera extender el contrato.
A través de esta medida, explican en El Cronista, “se busca proteger a quienes encuentran difícil acceder a una vivienda estable y asequible”.
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Los dueños de los inmuebles piensan que la nueva norma “limita su derecho a disponer libremente de sus propiedades”. En cortas palabras, sienten que la con el cambio en la ley quedan “desprotegidos”.
Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), este polémico cambio puede conducir a un problema. Creen que podría disminuir la oferta de pisos en alquiler.
“Muchos propietarios optarán por alquilar a corto plazo o retirar las viviendas del mercado”, señaló la ASVAL, citada en Mundo Deportivo.
Plazos
La nueva Ley de Alquileres entró en vigencia en España y, de acuerdo con Mundo Deportivo, señala que “los propietarios de viviendas tendrán la obligación de informar a sus inquilinos cuatro meses antes del vencimiento del contrato sobre su decisión de no renovar”.
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Caso contrario, “se prorrogará el contrato automáticamente por tres años más y el propietario no podrá cancelarlo durante ese lapso”.
Qué piensan las autoridades
Además de buscar “proteger a quienes encuentran dificultades para acceder a una vivienda estable y accesible debido a los elevados costos”, el gobierno, de acuerdo con Mundo Deportivo, piensa que la nueva legislación “es un paso necesario para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental”. (I)