El gigante farmacéutico Johnson & Johnson, uno de los laboratorios acusados de alimentar la crisis de los opiáceos que ha dejado miles de muertos en Estados Unidos, dejará de producir y vender estas sustancias tras un acuerdo por 230 millones de dólares con el estado de Nueva York.

La fiscal general del estado, Letitia James, anunció en un comunicado que el acuerdo permite a Johnson & Johnson (J&J) resolver los litigios por “su papel en alimentar la epidemia de opiáceos”, y que los pagos se distribuirán a lo largo de nueve años.

También podría pagar otros 30 millones de dólares en el primer año si el estado promulga una nueva legislación para crear un fondo contra los opiáceos.

Por su parte, J&J dijo en otro comunicado que el acuerdo “no constituye una admisión de responsabilidad o de infracción por parte de la empresa”, y que le permitía evitar un juicio que estaba previsto que comenzara el lunes.

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Pero el laboratorio aún enfrenta otros procesos judiciales en el país, incluido un juicio en curso en California.

“La epidemia de opiáceos ha causado estragos en innumerables comunidades del estado de Nueva York y del resto del país, dejando a millones de personas todavía adictas a los peligrosos y mortales opiáceos”, dijo James en el comunicado.

“Johnson & Johnson ayudó a alimentar este fuego, pero hoy se compromete a dejar el negocio de los opiáceos, no sólo en Nueva York, sino en todo el país”, añadió.

Esto incluye tanto la fabricación como la venta de opiáceos, según el comunicado.

Los 230 millones de dólares se destinarán a esfuerzos de prevención, tratamiento y educación sobre los peligros de estas sustancias en el estado de Nueva York.

J&J, Purdue y otras farmacéuticas y distribuidoras son acusadas de animar a los médicos a recetar en exceso opiáceos -inicialmente reservados para pacientes con cánceres especialmente graves- aun sabiendo que son altamente adictivos.

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Costos humanos y económicos

Desde 1999, esta dependencia ha llevado a muchos consumidores de los medicamentos a dosis cada vez más altas y a adquirir sustancias ilícitas como la heroína o el fentanilo, un opiáceo sintético extremadamente potente con un alto riesgo de sobredosis mortal.

Cerca de 500.000 personas han muerto por sobredosis de drogas en Estados Unidos desde entonces.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud pública del país, estiman que unas 90.000 personas murieron por sobredosis de drogas en 2020, la mayoría de ellas por opiáceos.

El Departamento de Salud de Estados Unidos estima que la crisis fue responsable de cuatro años de disminución de la esperanza de vida, en 2014, 2015, 2016 y 2017. La crisis se disparó hasta el punto de que el expresidente Donald Trump la declaró “emergencia nacional de salud pública” en octubre de 2017.

Los CDC habían calculado en 2019 que la “carga económica” de la crisis, incluidos los costes de la atención sanitaria, la pérdida de productividad y los costes del sistema de justicia penal, era de unos 78.500 millones de dólares al año.

En febrero, la prestigiosa consultora McKinsey anunció que había aceptado pagar 573 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por unos 40 estados estadounidenses, que la acusaban de haber contribuido a la crisis de los opiáceos por su asesoramiento a grupos farmacéuticos, entre ellos Purdue Pharma, el fabricante de Oxycontin. (I)