Japón tiene previsto reforzar su asistencia a varios países de Sudamérica ante la presencia de flotas pesqueras chinas que operan de forma irregular en sus zonas marítimas, mediante la entrega de drones de vigilancia y otros equipos destinados al control en el mar, informó el diario asiático Nikkei.
La cooperación estaría dirigida a Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay, y se implementaría a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
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Para este programa, el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés ha asignado 300 millones de yenes, equivalentes a unos 1,9 millones de dólares.
La iniciativa incluye el suministro de drones, embarcaciones inflables de patrullaje y sistemas de análisis de imágenes, con los que se busca identificar matrículas, tamaño de tripulaciones y patrones de navegación, incluso cuando los barcos desactivan sus dispositivos de localización.
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De acuerdo con el medio japonés, flotas pesqueras chinas operan en aguas cercanas a las islas Galápagos, desde donde se desplazan hacia el sur frente a la costa peruana. En el Atlántico, también se ha confirmado su actividad en áreas próximas a Argentina y Uruguay.
Las autoridades sospechan que estas flotas incurren en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, además de posibles tareas de recolección de información, como el mapeo del fondo marino.
El apagado de los sistemas GPS dificulta establecer el número de buques involucrados y sus trayectorias, lo que complica las labores de control. Según Nikkei Asia, muchos países de la región carecen de capacidades suficientes de guardacostas para enfrentar este tipo de operaciones.
El Gobierno japonés también ha expresado preocupación por posibles abusos laborales que afectarían a trabajadores de buques pesqueros ilegales que operan en Sudamérica.
Según informes citados por su Ministerio de Asuntos Exteriores, estos tripulantes, muchos provenientes del Sudeste Asiático, enfrentan largas jornadas en condiciones extenuantes, en embarcaciones sin control de temperatura.
De acuerdo con el medio, Japón considera que fortalecer la aplicación de la ley contra la pesca ilegal en Sudamérica podría mejorar la protección de estos trabajadores y, al mismo tiempo, reforzar sus vínculos con los países del Sudeste Asiático. (I)