Íngrid Betancourt, la política que vivió años secuestrada por las FARC y ahora podría ayudar a bajar la tensión que vive Colombia

Colombia atraviesa por uno de sus momentos más complicados, ya que a la afectación de la pandemia se le sumaron en abril protestas que mostraron el descontento social y en medio del cual el vandalismo y la violencia también se hicieron presentes. Esto, sin olvidar lo que se sigue tratando como resultado del proceso de Paz con la guerrilla de las FARC y que vuelve a ser noticia.

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En ese escenario reaparece Íngrid Betancourt, quien estará ante la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC en 2016.

Ella participará el miércoles en un “Encuentro por la verdad” con el último comandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño, y con los excombatientes Pastor Alape y Julián Gallo, hoy senador por el partido Comunes. También participarán Alan Jara, exgobernador del departamento del Meta; Luis Eladio Pérez, exsenador del Partido Liberal; y el exmilitar Jhon Frank Pinchao, quienes estuvieron en cautiverio con Betancourt.

Según la Comisión de la Verdad, el encuentro busca promover “el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de las víctimas de este flagelo” y en este los exjefes guerrilleros reconocerán las decisiones que tomaron frente a esta práctica.

Sin embargo, ella aún tiene recelo del encuentro: “No sé si estoy preparada, lo veremos el miércoles, es la primera vez que voy a verlos cara a cara después de que me liberaron los militares en la Operación Jaque”.

Betancourt es una política que cuando corría por la Presidencia de Colombia fue secuestrada el 23 de febrero de 2002, en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá (sur), junto a la política Clara Rojas durante un viaje de campaña, recuerda EFE.

Pasó seis años secuestrada por la guerrilla, a cuyos jefes ahora tendrá que ver cara a cara, por primera vez desde que fue rescatada por el Ejército en 2008.

“Yo nunca hubiera imaginado desde lo profundo de mi cautiverio que un día tendría la posibilidad de un diálogo humano con mis antiguos captores. Lo que quiero transmitirle al país en esta situación tan difícil es que la violencia nunca ha sido ni será la solución. Todos queremos la paz, pero la paz necesita un cambio profundo de nuestra relación con el otro”, apuntó, según la revista Semana.

Actualmente Íngrid Betancourt trabaja por la defensa de los derechos humanos a nivel mundial y se la considera una voz importante de la paz en Colombia.

La Comisión de la Verdad está integrada por once personas que actúan como cuerpo colegiado con la finalidad de investigar y reconocer los crímenes parte del conflicto entre la guerrilla de las FARC y el Estado. “Un jurado independiente del Gobierno y los partidos los eligió a través de una convocatoria pública, bajo los criterios de experiencia, compromiso y conocimiento del conflicto armado colombiano”, dice la propia comisión.

Su tarea es “escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”. Luego de tres años entregará sus conclusiones para “dejar sentadas las bases de la no repetición”.

“Aun las peores cosas que han ocurrido en el marco de la guerra en Colombia, aun las peores heridas, se pueden empezar a sanar si hay disposición de escuchar, de abrir el corazón, de reconocer los errores y de aceptar que el pasado es muy doloroso, pero que vamos a tener que convivir todos”, dijo la comisionada Marta Ruiz.

En tanto, de acuerdo con una publicación del diario colombiano El Tiempo, Betancourt se reunió el lunes con el actual presidente Iván Duque y según este y otros medios, ella podría mediar en la crisis político-social-económico del país.

“Nuestros muchachos, nuestra juventud, en particular la juventud pobre de Colombia, es considerada como un delincuente por el hecho de ser pobre y joven, es decir, de eso tenemos que salir, las personas que están protestando no son terroristas, no son vándalos”, le dijo Betancourt, quien también habló de cómo la confrontación de la Fuerza Pública ha sido muy mala para el país. Razón por la que pidió reformas en los cuerpos de seguridad.

La política colombiana, que también tiene nacionalidad francesa, había dicho poco antes de su llegada que en el país había que encontrar una nueva forma de hablar.

COVID-19 y paro

Colombia superó el lunes la barrera de los 100.000 fallecidos y registró un nuevo récord de muertes en 24 horas con más de 600 decesos, según informó el Ministerio de Salud.

Ya es el cuarto país con más fallecidos por millón de habitantes en América Latina y el Caribe, y el sexto en contagios, según un recuento de la AFP.

Mientras que en el tema de la violencia, las autoridades colombianas investigan el asesinato de un joven, que pertenecía a la llamada “primera línea” de las protestas, que fue decapitado y cuya cabeza fue hallada en una zona rural del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), informó la Policía.

Esta ciudad del convulso suroeste colombiano fue una de las paradas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita de trabajo hace un par de semanas.

“No es posible que este tipo de barbaries, de atrocidades que conmueven a la opinión pública nacional e internacional sigan sucediendo”, dijo Luz Marina Hache, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Agregó que “no puede ser que ante la demonización de jóvenes de la primera línea se quiera acallar sus voces con este tipo de escabrosos hechos”.

Otra muestra de la violencia que vive el país fue lo que pasó en un barrio rico de Cali, donde civiles sacaron sus pistolas y fusiles para disparar contra manifestantes, con policías a su lado. Querían cuidar sus “bienes” de la ira popular. Tras 50 días de protestas, el odio de clases se instala en la tercera ciudad de Colombia.

Ya fracturada por la desigualdad y el racismo, la capital del Valle del Cauca (suroeste) se encontró con una realidad soterrada.

El 28 de mayo, una turba de barrios marginales arribó al exclusivo sector de Ciudad Jardín e intentó incendiar una estación de Policía. Los vecinos respondieron a tiros.

Fue la más clara manifestación de “un conflicto (...) atravesado por las diferencias de clase, por las diferencias de raza y por las diferencias étnicas” que agudizó la pandemia, asegura Luis Castillo, sociólogo de la Universidad del Valle.

Con sus boutiques de lujo, mansiones con piscina y avenidas repletas de palmeras, Ciudad Jardín parece un pequeño Beverly Hills, donde prácticamente nadie salió a manifestarse cuando el presidente Iván Duque decretó en plena pandemia un alza de impuestos para la clase media, que luego retiró.

Ni tampoco contra la represión policial, que avivó el malestar. (I)