De acuerdo con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch (HRW), dijo que la organización pide incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega está atacando a la oposición.

Vivanco aseguró que es “es fundamental que el secretario general (António Guterres) potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”.

Así lo afirmó al publicar un informe con 53 testimonios recogidos telefónicamente entre enero y junio de este año, en el que insta a Guterres a invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para plantear el caso de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, argumentando un peligro de inestabilidad en la región.

En el texto HRW detalla “hostigamientos”, “arrestos” y “procesos penales arbitrarios” contra críticos de Ortega, en algunos casos implicando incluso “tortura”.

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Ortega, un exguerrillero de 75 años, enfrenta desde abril de 2018 una crisis política detonada por protestas masivas pidiendo su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos, 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 103.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA.

En tanto, la ofensiva de arrestos de Ortega continuó el lunes con la detención de la exprimera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza, a menos de cinco meses de las elecciones generales.

Con estos dos arrestos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia.

A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que “menoscaban la independencia, soberanía” e inciten “a la injerencia extranjera”.

Flores, esposa del exgobernante Arnoldo Alemán (1997-2002) y exdiputada (2017-2020), “permanece bajo custodia policial” en su domicilio, informó la Policía en un comunicado.

Ella perdió su curul en medio de polémicas por la conducción del partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), que integró.

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Su esposo fue condenado en 2003 por lavado de dinero y actos de corrupción durante su gobierno, pero en 2009 la justicia lo exoneró de los cargos que se le imputaban. La policía no informó sobre su situación actual.

En tanto, el periodista deportivo Miguel Mendoza, detenido este lunes, es un crítico del gobierno.

El último de los precandidatos detenidos fue el periodista Miguel Mora, la noche del domingo. Le antecedieron Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, tras una redada que inició el 2 de junio.

A Cristiana se le procesa también por presunto lavado de dinero desde la fundación que presidió y que llevó el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Por su parte, el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana y director de medios críticos al gobierno, denunció en sus redes sociales el allanamiento policial de su casa la noche del lunes.

Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.

Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

El sandinismo aseguró que celebrará elecciones generales “libres, justas y transparentes” y exigió “la no injerencia de cualquier gobierno extranjero” en el proceso.

“El embate sigue. Es una táctica de terror para que todos nos sintamos con miedo. También una suerte de explosión de rabia incontenible. No miden las consecuencias para nuestro país”, dijo en Twitter la escritora Gioconda Belli. (I)