El ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno del presidente Luis Arce quiere iniciar un proceso judicial internacional en contra del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno y la expresidenta interina Jeanine Áñez por delitos de “lesa humanidad” vinculados a un supuesto préstamo en noviembre de 2019 de gases lacrimógenos para controlar las protestas que sacudían a Bolivia tras la dimisión del expresidente Evo Morales.

Lima no especificó el tribunal internacional al que Bolivia acudirá, pero sí nombró a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia, refiere El País.

El presunto préstamo de Moreno a Áñez ya desencadenó una denuncia en Ecuador presentada el lunes por el legislador Fausto Jarrín, del movimiento Unión por la Esperanza, ante la Fiscalía del Estado contra el expresidente.

Jarrín, afín al expresidente Rafael Correa, aseguró que esta causa se coordinará con las acciones judiciales que también se han generado en Bolivia y Estados Unidos.

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La acción fiscal contra Moreno es solicitada “por el hecho de haber entregado sin ninguna razón o justificación pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al gobierno de Áñez en noviembre de 2019”, remarcó Jarrín en declaraciones a periodistas tras depositar su denuncia ante el ministerio público.

Según Jarrín, ese material se entregó cuando “el gobierno de facto” de Bolivia reprimía a la ciudadanía, por lo que el caso se trabajará “conjuntamente con las denuncias que se han presentado” ante la justicia boliviana.

El pasado jueves, el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y “municiones de guerra” desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Áñez.

El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino de Añez gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador “proyectiles y granadas” antidisturbios en una operación que “nunca” se hizo pública y que se manejó con “perfil bajo”.

Jarrín reiteró su exigencia de que la Fiscalía ecuatoriana “actúe con la diligencia que requieren” este tipo de casos e hizo un llamado al Gobierno del presidente Guillermo Lasso, sucesor de Moreno, para que se abran las dependencias públicas a las investigaciones.

Este es un caso “tan grave”, porque se considera la “entrega de pertrechos militares a otro país”, lo que configuraría delitos como disposición arbitraria de bienes públicos y hasta malversación o peculado, entre otros, que deberá determinar la investigación fiscal, añadió el asambleísta.

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En este caso, según el legislador, podrían estar involucrados el expresidente Moreno, su ministra de Gobierno en ese momento, María Paula Romo, así como mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía ecuatorianas, refiere Efe.

“Estamos solicitando que se inicien los procedimientos para la asistencia penal internacional”, ya que en Bolivia y en Estados Unidos han sido encausados exintegrantes del Gabinete del Gobierno de Añez, añadió.

No obstante, el periódico boliviano Página Siete informó que tuvo contacto con un miembro del equipo de Moreno, que no quiso ser identificado públicamente, y que desmintió el envío de las municiones, pero no quedó claro si también no se completó el envío de munición no letal. (I)