Esta semana Estados Unidos limitó las deportaciones de indocumentados que no representen una amenaza para la seguridad del país. Esto, en medio de una difícil situación en la frontera con México que también ha sido noticia este mes.

“El hecho de que un individuo sea un extranjero posible de ser deportado no será por sí solo la base para proceder en ese sentido”, dijo el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, en un memorando enviado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), recoge AFP.

Mientras, en la frontera con México sigue habiendo dificultades por la gran cantidad de personas que llegan. Uno de los casos más mencionados las últimas semanas es la de los haitianos.

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Estados Unidos ya ha comenzado a deportarlos masivamente, mientras que en el vecino México tienen muchas dificultades para obtener refugio, como le dijo a EFE el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez.

Entes de la ONU recordaron que en la última década la compleja situación de Haití, asolada por fenómenos naturales extremos y crisis políticas y sociales, ha obligado a miles a abandonar el país. Recalcaron que dentro de los haitianos en situación de movilidad en las Américas hay personas cuyos perfiles, motivaciones y necesidades de protección varían, lo que incluye niñez no acompañada o separada de su familia, víctimas de trata de personas y sobrevivientes de violencia de género.

Entre el 19 de septiembre y el 1 de octubre, los servicios de migración de EE. UU. fletaron 57 aviones para expulsar de su territorio a 6.213 migrantes haitianos, según datos divulgados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Aunque Washington ha reducido los vuelos de deportación a Haití desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio. Unos 30.000 haitianos habían cruzado en el último año según datos oficiales.

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Algunas de estas personas “tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados. Otras pueden tener necesidades de protección distintas. El derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso para identificar necesidades de protección a base del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos”.

Lorena Mena, especialista de Continente Móvil, consultoría dedicada a estudios de migración en México, dice que, en general, a los que cruzan y son detenidos por la patrulla fronteriza, a muchos los están expulsando.

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“O los deportan a su país por avión o los mandan para acá para México bajo el Título 42, una norma que está vigente desde marzo de 2020 y bajo la cual EE. UU. no admite o expulsa migrantes argumentando que son un riesgo para la salud pública por el tema covid. Allí ya depende de las autoridades migratorias de EE. UU. ver qué casos se salvan de esa expulsión. Y en cuanto a aquellos que sí cruzan sin ser detenidos o detectados por la patrulla fronteriza, pues básicamente viven indocumentados en EE. UU. Ya dependería de cada caso particular que pudieran buscar alguna forma de regularizarse en ese país y con alguna asesoría legal. Pero en general por temor a ser deportados, buena parte de migrantes irregulares viven allí ‘en las sombras’”, dice Mena.

En septiembre, en total, 95 mil personas fueron expulsadas mediante el Título 42, según La Voz de América. Mientras que datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. indican que solo en agosto habían sido detenidas 195 mil personas que intentaban entrar. Cifra que sube a 1′263.295 si se cuenta desde enero, más de cinco veces lo que hubo en el periodo enero-agosto de 2020.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. vigilan la entrada al Puente Internacional Del Rio, que está cerrado temporalmente después de una gran afluencia de migrantes, en la frontera entre EE. UU y México en Texas, en septiembre. Foto: AFP

Mientras que Aníbal Romero, abogado especialista en migración en EE. UU., comenta que durante la administración Biden se han presentado críticas tanto de los antimigrantes por medidas como la última de limitar las deportaciones, como de grupos promigrantes por las personas que se está rechazando y deportando, así como el uso de la pandemia para evitar más ingresos.

Añade que de acuerdo con su experiencia, los indocumentados que llegan encuentran rápido trabajo porque hay áreas como el campo, en el que se necesitan mucha mano de obra en estados como California, Texas, Nueva York o incluso Florida, y hay empleadores que se saltan las leyes y los contratan porque lo necesitan y también otros que se aprovechan para pagar menos o hacerlos trabajar más tiempo.

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Respecto a la situación legal de una persona que cruza a EE. UU., Romero comenta que hay muchos escenarios o momentos en los que una persona busca legalizarse. Desde casarse con un ciudadano o si siente que ha sido perseguido en su país, no solo por política, sino también por motivos religiosos, de género u otras razones, puede pedir un alivio conocido como refugio o asilo durante el primer año e incluso después con ciertas excepciones.

“En todo caso, sí hay formas de legalizarse. Lamentablemente muchas personas no conocen sus derechos, dejan que pase el tiempo y por eso es que tenemos un gran número de personas sin documentos. Porque no están bien asesorados, no saben que tienen opciones, inclusive ingresando por la frontera, y terminan quedándose indocumentados. Esa es la realidad de nuestra situación migratoria aquí en los Estados Unidos”, afirma Romero, quien añade que existe, en términos legales, la prescripción de acciones por la que personas que ya viven allá seis u ocho años tienen más difícil tratar de presentar un caso y demostrar que eran perseguidos en su país, y además cometen errores con la Policía, por ejemplo, y se comienza a complicar más el panorama.

“Por eso hay bastante gente que dice cómo es posible que a quienes recién ingresan se les dé papeles y ellos que tienen aquí 20 años no puedo hacer nada. Bueno, la razón es muy simple. La persona que recién ingresó se asesoró, buscó la ayuda de un profesional, presentó un caso ante inmigración y le dan los documentos. El que ya tiene aquí 20 años nunca hizo absolutamente nada y por lo tanto el pasar del tiempo no te da la legalización. Tienes que actuar y hacer algo a tu favor”, explica Romero.

Ya Mayorkas ha expresado que no tiene sentido ir tras los 11 millones de indocumentados que hay en el país, ya que además ellos contribuyen al bienestar del país. Esto, mientras las conversaciones de una reforma migratoria avanza a pasos lentos en el Congreso. (I)