Una polémica normativa migratoria fue anunciada en el Parlamento británico esta semana. Se trata del Proyecto de Ley de Migración Ilegal, que ha demostrado ser incompatible con los derechos humanos.
El proyecto de ley, propuesto por la administración de Rishi Sunak, tiene como objetivo prohibir las solicitudes de asilo a las personas que lleguen por rutas irregulares. Además, se los veta de por vida la entrada a Reino Unido y se les niega la posibilidad de conseguir la ciudadanía británica.
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Las excepciones a la expulsión serán para menores de 18 años, personas enfermas o que logren demostrar un daño inmediato e irremediable si son expulsadas del país británico.
“Vamos a detener a aquellos que lleguen aquí ilegalmente y les expulsaremos en cuestión de semanas, ya sea a su propio país, si es seguro, o a un tercer país seguro como Ruanda”, dijo Sunak, el Jefe de Gobierno.
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La ministra del Interior, Suella Braverman, aseguró en una entrevista con el Sun que Gran Bretaña “debe detener los barcos”.
“Tiene que ser que, si vienes aquí ilegalmente, serás detenido y expulsado rápidamente”, dijo.
El año pasado, más de 45.000 personas llegaron a las costas británicas por la vía del Canal de la Mancha, frente a los 280 que lo hicieron en 2018, fecha en la que comenzaron los registros, asegura El Confidencial.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la prohibición general que impide a las personas solicitar asilo y otras formas de protección internacional en el Reino Unido “estaría en contradicción con las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos y del derecho de los refugiados”.
“La legislación también plantea varios problemas específicos de derechos humanos, como la violación del derecho a un examen individual y la prohibición de la devolución y expulsión colectiva, así como la detención arbitraria de inmigrantes”, añadió Volker Turk. (I)