La situación política en Nicaragua es criticada desde el interior -con cuidado- y desde el exterior. Ahora, según fuentes, el régimen de Daniel Ortega trata de controlar la salida hasta de funcionarios por temor a cualquier fuga de información.

Aunque desde hace tiempo los opositores y críticos al régimen han visto como crecían los obstáculos para su libre movimiento tras las fronteras del país, ahora se denuncia que funcionarios y colaboradores, y por ende sus familias, están teniendo obstáculos para viajar.

“Existe una paranoia de que alguien del régimen filtre algo a países del extranjero, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido (...) Se tiene el temor de que filtren información vinculada a la corrupción, a los crímenes de lesa humanidad, al narcotráfico y al lavado de dinero”, dijo a Infobae Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua que vive en el exilio.

Esto, debido a que tras la prohibición de entrada a Estados Unidos de los Ortega y otras personas vinculadas con el régimen que se beneficien por acciones que socavan la democracia, se estípula que sí podrán entrar quien se “determine que ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua”.

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Medios de comunicación locales han reportado que esta restricción ya se ha dado con, al menos, diez personas, ya sean funcionarios o familiares de ellos, incluso empresarios.

Periodistas han indicado que nadie ha querido confirmar públicamente lo sucedido por temor a mayores represalias y porque piensan que es algo temporal.

Antecedentes

La medida aplicada tendría que ver con el recuerdo de Ligia Gómez y Rafael Solís.

La primera era una secretaria sandinista que trabajaba en el Banco Central, que salió del país en 2018 y llegó a dar su testimonio de lo ocurrido ese año en la represión del régimen a las protestas en un comité del Congreso de Estados Unidos.

Mientras que Solís era un juez de la Corte Suprema que huyó en 2019.

Hace poco también se exilió Javier Martínez, comisionado mayor de la Policía que ha pedido asilo en Estados Unidos. (I)