El paradójico impacto de los modernos parques eólicos en una de las regiones más pobres de Colombia

Cuando José Luis Iguarán sale de su casa en La Guajira, al norte de Colombia, se encuentra con una hilera de diez imponentes aerogeneradores que se extienden por un terreno sembrado de cactus hacia el mar Caribe. El pueblo indígena Wayuu, al que pertenece, ha vivido en esa árida región durante siglos gracias a la pesca, el cuidado de cultivos, el pastoreo de cabras y la extracción de sal.Allí se dan algunos de los vientos más potentes del país y por eso La Guajira se ha convertido en el epicentro de la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables.Pero esta ambición verde ha enfrentado tanto resistencia como reflexión por parte de los lugareños, cuyo territorio está ligado a la cultura, la tradición y a una profunda conexión con la naturaleza.“Te despiertas y, de repente, ya no ves los árboles. En cambio, ves y escuchas las turbinas”, cuenta Iguarán.Su comunidad ahora comparte el territorio con Guajira 1, uno de los dos parques eólicos que están operando en Colombia. Hay otros 15 en construcción en esta misma región y existen planes de crear docenas más.“Por la noche, el ruido de las turbinas perturba nuestros sueños. Para nosotros, los sueños son sagrados”, añade Iguarán.El pueblo Wayuu tiene una población aproximada de 380.000 personas en Colombia, que se extiende hasta Venezuela, y son una comunidad con tradiciones y creencias propias.En su cosmovisión, por ejemplo, los sueños son un puente hacia el mundo espiritual, donde reciben mensajes de sus antepasados que luego se interpretan en el seno familiar.Pero a pesar de las perturbaciones culturales, Iguarán afirma que su comunidad se ha beneficiado de Guajira 1. La empresa energética que lo impulsa, la colombiana Isagen, ha financiado el acceso a agua potable, mejores carreteras y sólidas casas de ladrillo, que han reemplazado algunas de las de barro y cactus.Isagen, propiedad de la canadiense Brookfield, también paga a tres comunidades locales una cuota anual por la instalación del parque eólico, un porcentaje de los ingresos anuales por electricidad y el 20 % de la venta de créditos de carbono que son adquiridos por empresas que desean compensar sus emisiones de carbono.Iguarán cree que estos proyectos energéticos pueden contribuir a un desarrollo vital en la segunda región más pobre de Colombia. Pero no todos comparten su entusiasmo.“Los parques eólicos producen energía limpia, pero generan división en las comunidades wayuu”, explica Aaron Laguna, pescador wayuu residente en el pueblo costero de Cabo de la Vela.Su comunidad se encuentra actualmente en proceso de consulta sobre un parque eólico que se construirá en las cercanías. Ha visto a otros afectados por proyectos quejarse de la falta de transparencia, las bajas compensaciones, el irrespeto a las normas culturales y la corrupción.“Se hacen malas negociaciones y los recursos que se nos otorgan no son bien gestionados por la población local”, añade.Estas preocupaciones han generado disputas con las compañías energéticas e incluso conflictos dentro de las comunidades wayuu. Algunos se oponen a los proyectos, mientras que otros se sienten excluidos de las negociaciones que podrían beneficiarlos.“Aún existe la idea de que si es verde, automáticamente es bueno”, afirma Joanna Barney, directora de medio ambiente, energía y comunidades del centro de estudios colombiano Indepaz. Este centro ha investigado exhaustivamente la transición energética y sus efectos en los wayuu.“En Colombia… no existe un marco legal sólido para evaluar adecuadamente los impactos ambientales, y los impactos sociales son inmensurables”.En diciembre de 2024, la empresa española EDP Renováveis suspendió los planes para dos parques eólicos en La Guajira, alegando que los proyectos ya no eran económicamente viables.Un factor fue el incremento de las comunidades indígenas locales que afirmaron verse afectadas y, por lo tanto, necesitar compensación, pasaron de 56 a 113.La decisión de EDP se produjo tras la salida, en mayo de 2023, de la multinacional italiana Enel de otro parque eólico planificado en la región. Enel atribuyó su salida a las “constantes protestas” que paralizaron la construcción durante más de la mitad de los días laborables entre 2021 y 2023.El parque Guajira 1 también se vio afectado por bloqueos de carreteras, una forma común de protesta en La Guajira cuando los habitantes locales se sienten ignorados.El centro de estudios Indepaz ha registrado casos de ataques contra empleados de las empresas energéticas, incluyendo robos a mano armada y secuestros. En algunas zonas, ha detectado casos de desplazamiento y violencia entre comunidades locales que discrepan sobre los parques eólicos vecinos.“Lo llamamos ‘la guerra del viento’”, explica Barney.Para el antropólogo colombiano Wieldler Guerra, existe una clara desconexión entre los Wayuu y las empresas de parques eólicos.“Son dos mundos que aunque dialogan, no han logrado entenderse”, afirma.Esta brecha se extiende a la forma en que ambos perciben el viento, el elemento central de estos proyectos.“Para los Wayuu, los vientos son las personas. No es el viento, sino los vientos. Hay ocho vientos diferentes en la cultura Wayuu, seres mitológicos y ancestrales con temperamentos distintos que moldean el entorno circundante y deben ser respetados”.En contraste, las empresas y el gobierno colombiano ven el viento como un recurso que se puede aprovechar para el progreso ambiental, la rentabilidad y para satisfacer las necesidades energéticas del país.Si bien Colombia cuenta con una matriz eléctrica doméstica relativamente limpia, con casi dos tercios provenientes de la hidroelectricidad, el país sigue siendo vulnerable a los bajos niveles de los embalses, lo que genera un riesgo de escasez de energía. La energía eólica actualmente aporta solo el 0,1 % de la matriz energética nacional.Para las empresas energéticas que invierten en la región, el riesgo de conflictos con la población local es una perspectiva preocupante.Una de estas empresas, AES Colombia, está desarrollando el clúster de energía eólica más grande del país en La Guajira, con seis parques eólicos.La compañía insiste en mantener un diálogo abierto con las comunidades, ofreciendo una compensación justa y garantizando beneficios como agua potable y participación en los bonos de carbono.Sin embargo, afirma que las buenas relaciones con la comunidad no son suficientes.“No podemos llevar a cabo estos proyectos solos”, afirma Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia. “El gobierno debe ayudar a resolver los conflictos entre las comunidades”.En la ventosa playa de Cabo de la Vela, José Luis Iguarán afirma que La Guajira ha sido históricamente desatendida por el Estado.La educación y la atención médica son deficientes, y la mayoría de las comunidades rurales carecen de agua potable.Algunas personas aún caminan horas cada día para recoger agua de los jagueys, reservorios llenos de agua de lluvia.Su comunidad cuenta con una pequeña planta de tratamiento de agua salada que produce agua dulce y quiere que la empresa que planea construir el parque eólico cercano la amplíe para que más lugareños se beneficien.A pesar de las promesas de progreso, Iguarán señala una paradoja persistente. “Lo peor es que no recibiremos ni un solo kilovatio de la electricidad que se produce aquí”.El plan es que la electricidad del parque eólico se envíe a otro lugar, y que la aldea siga dependiendo de generadores, al menos a mediano plazo.Es por eso que si bien el futuro puede parecer prometedor para la energía limpia, muchos wayuu aún temen quedarse a oscuras.

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