La administración Trump exige explicaciones a España casi una semana después de que Noelia Castillo, víctima de agresión sexual de 25 años, recibiera autorización para morir mediante eutanasia.
Noelia Castillo murió a los 25 años, luego de recibir la eutanasia
Una comunicación diplomática filtrado, obtenido por The Post, revela que el Departamento de Estado ordenó el martes a la Embajada de Estados Unidos en Madrid que abriera una investigación sobre la actuación de las fuerzas del orden españolas en relación con las repetidas agresiones sexuales, incluyendo violaciones en grupo, sufridas por Castillo antes de su trágica muerte.
También se instruyó a altos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para que transmitieran al gobierno español la “seria preocupación” de la administración Trump por las “numerosas violaciones sistémicas de los derechos humanos” que llevaron a Castillo a buscar el suicidio asistido y permitieron que se le practicara el acto terminal.
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“Nos preocupan profundamente las acusaciones de que la Sra. Castillo fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones mientras estaba bajo tutela estatal y que ningún perpetrador ha sido llevado ante la justicia”, indica la comunicación. “También tenemos conocimiento de informes que indican que la Sra. Castillo expresó reticencia a someterse a la eutanasia en sus últimas horas, pero que estas indicaciones fueron ignoradas”, continúa el comunicado. “Este caso suscita serias preocupaciones sobre la aplicación de la ley de eutanasia española, particularmente en casos que involucran trastornos psiquiátricos y sufrimiento no terminal”.
Castillo optó por la eutanasia legal el jueves pasado, amparándose en la ley española del derecho a morir dignamente, aprobada en 2021. Un intento de suicidio anterior la dejó paralizada de cintura para abajo.
La joven, cuyo padre libró una larga batalla legal para intentar impedir su suicidio asistido, había quedado traumatizada por las múltiples agresiones sexuales que sufrió antes de los 21 años.
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El Departamento de Estado ha solicitado a la Embajada de Estados Unidos que colabore con las autoridades españolas para obtener información sobre los violadores de Castillo, incluyendo su estatus migratorio y si podrían haber sido menores migrantes no acompañados, así como los obstáculos legales que han impedido a la policía presentar cargos contra los posibles sospechosos. (I)
