El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG, incluida una defensora de los derechos humanos, otra de las mujeres y el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), informó este martes el Poder Legislativo.

El Ejecutivo del presidente Daniel Ortega también ordenó el cierre de la Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense-Resistencia Nicaragüense (Movimiento FDN-RN), ligada a antiguos “contras” que combatieron con las armas al primer régimen sandinista (1979-1990).

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En el caso del IHCA es un centro de investigación periodística, reflexión, análisis, comunicación y acción social, creado por la Compañía de Jesús en 1981, que está a cargo de la elaboración y difusión mensual de la revista Envío y de diplomados en formación política ciudadana, desde 2007, dirigido a jóvenes a nivel nacional.

La cartera de Gobernación propuso a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, cancelar la personalidad jurídica a la Asociación Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos en el departamento de Jinotega (norte) desde 1997.

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Otras ONG propuestas a ser ilegalizadas son la Asociación por la Democracia Enrique Bermúdez Varela, la Asociación Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y la Fundación para el Desarrollo Comunitario Inclusivo (Fundecomi).

También la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, Fundación para el Desarrollo de la ciudad de León, Fundación Nakawe, Fundación Inserción de Ex Reclusos, Fundación Proyecto Solar par Mujeres Nicaragüenses y Fundación Eco Familia.

Además, la Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega, Asociación Centro de Asistencia a la Mujer, Asociación Centro de Desarrollo Integral Nicaragüense, Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario, Asociación de Promotores Sin Fronteras y Asociación Ciencia y Desarrollo, entre otros.

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137 oenegés han sido canceladas

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 137 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.

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Las últimas 25 ONG -entre ellas la Fundación Luisa Mercado, que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España Sergio Ramírez Mercado, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta trapense Ernesto Cardenal (1925-2020)- fueron anuladas el 20 de abril pasado.

Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre otras.

El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.

Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 25 ONG que serán afectadas han incumplido con sus obligaciones, entre ellas que no reportaron sus estados financieros conforme a los períodos fiscales con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), ni sus juntas directivas.

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El Parlamento incluyó la nueva iniciativa en la orden del día de este jueves, por lo que está previsto que sea presentado ante el plenario.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. (I)