El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, exigió este martes la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, un fiscal y un juez por orquestar un supuesto plan de golpe de Estado.

“Guatemaltecos, los golpistas deben renunciar, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo”, dijo en rueda de prensa.

Arévalo anunció también que suspendía el proceso de transición que debería llevar a su investidura en enero de 2024.

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Su pedido vino luego de que este martes la fiscalía allanara las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones de junio y violara la cadena de custodia de los votos al abrir los archivos a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Porras, Orellana y Curruchiche son responsables de violentar el proceso electoral y el orden democrático (...), han desviado su función constitucional de investigar y perseguir plenamente hacia un claro golpe de Estado en desarrollo”, insistió el exdiputado, que resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto.

“Como presidente electo me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto a la Constitución y que detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas”, agregó.

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Para Arévalo, solo la renuncia de los tres operadores de justicia “permitirá garantizar el orden constitucional del país”.

Asimismo, anunció que pedirá que se le levante los fueros a la fiscal general y al juez, e interpondrá una denuncia penal contra Curruchiche y la fiscal auxiliar Cinthia Monterroso, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

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Arévalo señaló que la situación de inestabilidad lo condujo a suspender temporalmente su participación en el proceso administrativo de transición, decisión que fue trasladada al presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei.

La medida se mantendrá mientras “se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias”.

Horas antes, el fiscal Curruchiche justificó el allanamiento del archivo electoral en “una denuncia de un ciudadano” sobre supuestas anomalías en una de las cajas que contienen las papeletas de las elecciones generales del 25 de junio.

Curruchiche ha ordenado múltiples actuaciones contra el partido Semilla de Arévalo y ha sido fuertemente cuestionado en Guatemala y el extranjero.

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El funcionario señaló que el nuevo allanamiento no estaba vinculado a una investigación contra Semilla que está en curso.

Tras la elección del 25 de junio, varios partidos perdedores denunciaron un fraude y pidieron un recuento de votos, que posteriormente confirmó los resultados.

Arévalo, de 64 años, se impuso en un balotaje a la ex primera dama Sandra Torres, luego de dar la sorpresa en primera vuelta, pues no figuraba entre los favoritos en una veintena de candidatos.

El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores internacionales.

El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, la consideró una “acción sin precedentes” que “debilita la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco”, escribió en X, antes Twitter.

“El Ministerio Público (Fiscalía) lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales”, dijo la Organización de los Estados Americanos en un comunicado.

La Unión Europea hizo un llamado “a todas las instituciones y poderes del gobierno a respetar plenamente el resultado de las elecciones” y “a abstenerse de acciones que socaven estos resultados”.

El portavoz del TSE, Gerardo Ramírez, dijo que la orden era para incautar 160 cajas de la primera elección pero no autorizaba a abrirlas.

En las cajas se encuentran los votos emitidos, nulos, en blanco, papeletas no utilizadas y otros utensilios utilizados por cada mesa electoral.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, denunció que la apertura de las cajas es “inédita y preocupante”.

Pese a la incertidumbre provocada, Palencia aclaró que los resultados ya habían sido oficializados, “y eso no puede cambiarse”. (I)