‘Aún respira’; indignación por muerte de mujer a manos de policías en México

La tarde del sábado 27 de marzo, Victoria Salazar transitaba por la avenida La Selva en Tulum, México, cuando fue abordada y sometida con brutalidad por parte de cuatro policías estatales, cuenta el diario mexicano Milenio.

Imágenes grabadas por testigos evidencian cómo la tiraron al suelo y que, a pesar de no poner resistencia, decidieron retenerla con maniobras brutales.

Se escuchaban gritos por parte de la detenida, reclamando que no podía respirar, debido al peso que uno de los policías ejercía con su rodilla en el área del cuello. Minutos después, la mujer dejó de moverse, también dejó de gritar y no mostraba signos vitales. Había fallecido.

La Fiscalía de México abrió una investigación por homicidio para esclarecer la muerte de la migrante salvadoreña a manos de la policía en Tulum, Quintana Roo. Las imágenes de su detención se hicieron virales, mostrando cómo la víctima, identificada como Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, era inmovilizada y asfixiada hasta la muerte por una maniobra de la policía que se encontraba deteniéndola por su estado de embriaguez, detalló el portal de noticias Infobae.

En la detención participaron cuatro agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, y provocó que el Gobierno de El Salvador exigiera justicia.

“Estoy seguro de que el Gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Somos pueblos hermanos; personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso”, expresó el presidente Nayib Bukele en Twitter. “Mi pésame para la familia de Victoria, sobre todo a sus dos hijas, a quienes les daremos toda la ayuda posible”, agregó.

A Victoria Esperanza Salazar le fracturaron la columna y el cuello, lo que ocasionó que perdiera la vida. La fuerza utilizada en la detención fue “desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida”. Esas fueron parte de las conclusiones que Óscar Montes de Oca, fiscal general del estado de Quintana Roo, expuso abiertamente a la prensa.

“Peritos del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, después de cumplir con el protocolo médico legal y la práctica de la necropsia a la víctima antes mencionada, concluyeron que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima”, detalló Montes.

La mujer salvadoreña falleció a manos de cuatro policías —una mujer y tres hombres— sobre quienes se ejerció acción penal por femicidio, por lo que se los trasladó a los centros de retención correspondientes para el seguimiento del caso.

Según la versión policial recogida por el diario El País, la detención se produjo tras una llamada de un minisupermercado por “alteración en la vía pública y agresión a trabajadores y transeúntes”, en la colonia Tumben Ka. La misma versión agrega que Salazar mostró un comportamiento “agresivo” (contrario a las pruebas obtenidas por parte de la grabación de transeúntes).

Después de ser inmovilizada, el relato concluye que “posteriormente se desmayó, la subieron a la unidad y en el camino comenzó a convulsionarse; le quitaron las esposas y la trasladaron al centro de salud; demoraron en ingresarla, y cuando llegó la ambulancia, la declararon sin signos vitales”.

Sin embargo, la versión está puesta en tela de duda debido a los videos que circulan en la red, los que muestran cómo Salazar había dejado de moverse en medio de la detención, y posteriormente, al dudar sobre su respiración, entre discusiones entre los propios uniformados, la subieron a la parte trasera de la camioneta estatal.

No es la primera vez que se señala de brutalidad policial a la policía del suroeste mexicano. En noviembre del año pasado, 50 agentes municipales de Cancún, a menos de dos horas en coche por la costa caribeña, decidieron “dispersar” a tiros una manifestación feminista frente al Palacio Municipal, contó el portal de noticias El Mundo; además de la represión de dos periodistas heridas con bala y denuncias de agresiones sexuales por parte de las autoridades durante la marcha. (I)