El jueves 5 de febrero, la Asamblea Nacional controlada por el régimen venezolano aprobó en primera discusión la denominada Ley de Amnistía, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, tras la presión internacional generada por la captura de Nicolás Maduro.
La votación fue anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien sometió el proyecto a consideración de los diputados oficialistas.
“Los honorables diputados que estén a favor del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática en la República Bolivariana de Venezuela (…) sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad”, expresó durante la sesión.
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Un día antes de la votación, Delcy Rodríguez se había referido públicamente a la propuesta y aseguró que el Ejecutivo estaba “trabajando intensamente” en la ley de amnistía, la cual fue solicitada formalmente a la Asamblea Nacional que preside su hermano.
Según explicó, la iniciativa busca atender hechos ocurridos durante “todo este período de violencia política y extremismo” y avanzar en una política nacional de reconciliación.
La agencia Reuters tuvo acceso a un borrador del proyecto, que contempla la concesión de clemencia a personas encarceladas por participar en protestas o por criticar a figuras públicas.
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El texto también prevé la devolución de bienes incautados y el levantamiento de medidas judiciales, lo que permitiría el retorno al país de algunos de los beneficiados.
La ley abarcaría casos desde 1999 hasta la fecha, pero excluye expresamente a quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción o narcotráfico.
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Entre los delitos que sí quedarían cubiertos se mencionan instigación a actividades ilegales, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que se hayan cometido en el contexto de protestas políticas.
El proyecto también ampara ciertas infracciones cometidas por jueces, fiscales y funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
El texto deberá pasar por una segunda discusión antes de su eventual aprobación definitiva. (I)
