El cuarto de “2x2″ del Cuartel Modelo en el que la Policía Nacional había encerrado a José estaba lleno, a pesar de que los supuestos infractores entraban y salían en el transcurso de la mañana, tarde y noche que estuvo ahí en junio de 2020.

Comenzaron a preguntarse el uno al otro por qué estaban ahí encerrados. “Un hombre con cara de niño”, recuerda José, era sospechoso de participar de crimen organizado, por ejemplo.

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Luego llegó el turno de él, en ese entonces de 27 años, de explicar por qué lo habían detenido. Le contó al resto que los policías habían parado un bus urbano en el que transitaba y lo requisaron, encontrándolo con 10,1 gramos de marihuana y un molinillo.

“Se me cagaron de risa”, indica. “¿Por eso te detuvieron?”, recuerda que le preguntaron.

Pasó todo el día esperando su juicio. Al final logró comprobar que era consumidor y no microtraficante, pues salió positivo en canabinoides en la prueba que le realizaron.

La meta de la llamada ‘tabla de drogas’, creada por el decreto número 001 CONSEP-CD-2013 en 2013 por el gobierno de Rafael Correa, era disponer de un instrumento legal para diferenciar a consumidores, como José, y traficantes de pequeña y gran escala, según el exmandatario y sus seguidores.

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Derogación de la tabla

El artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) detalla penas por tráfico, almacenamiento, distribución, compraventa, transporte, importación y exportación de drogas y sustancias químicas precursoras a las mismas.

También tiene terminología que para el abogado Julio Cueva es clave para evaluar el aspecto legal de la decisión del presidente Daniel Noboa de ordenar la derogación de la tabla: indica que la tenencia de sustancias estupefacientes para uso o consumo personal no será punible en las cantidades establecidas por la normativa.

Julieta Sagñay, sobre la eliminación de tabla de drogas: ‘La tabla no puede ser el único instrumento para determinar una enfermedad y sentenciar al verdadero narcotraficante’

Esa normativa es la tabla de drogas, que limita la tenencia de marihuana hasta 10 gramos; de clorhidrato de cocaína en 1; de metilendioxifenetilamina (MDMA) en 0,05; de éxtasis en 0,02; de heroína en 0,10, y de anfetaminas en 0,04.

“Hay un vacío legal. Me están llamando de todo el país fiscales que no saben qué hacer. El problema es que si coges a alguien con 1 tonelada de marihuana y otro con 10 toneladas de cocaína, ¿en qué escala lo pones? ¿Será solo al criterio del juez?”, indica Cueva.

Tener una tabla permitía a los jueces guiarse en referencia a ella. Las escalas iban de la mano con el principio de proporcionalidad, pues los jueces podían disponer distintas penas de acuerdo a la cantidad y el tipo de sustancias para los traficantes.

La eliminación de la tabla, continúa, es incompatible con lo estipulado por el COIP.

Un examen toxicológico sería la única manera en que un fiscal podría diferenciar a un consumidor de un traficante, como sucedió con José. En caso de no tener recursos para realizar ese tipo de prueba, al acusado se le buscarían marcas en los brazos, por ejemplo, o alguna otra señal de que usa la droga que aduce consumir.

Eliminación de tabla de consumo

Sin embargo, señala Cueva, la tabla todavía no estaría derogada, pues no fue la presidencia la que ordenó la creación de la tabla en 2014, sino que fue a través del extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep). Las responsabilidades de ese organismo pasaron al Ministerio del Interior.

“El presidente no puede hacer la derogación directa porque él no la ordenó, fue a través de una secretaría que ya no existe, que era parte del Ministerio del Interior. Entonces, el presidente lo que hace es ordenarle al ministro del Interior, que a su vez crea la nueva comisión, porque el Consep desapareció, y que ellos emitan la derogación”.

La tabla, por lo tanto, seguiría vigente. El decreto 28, mediante el cual Noboa delegó la derogación de la tabla al Ministerio del Interior el pasado viernes 24 de noviembre, todavía no consta en el Registro Oficial.

Mientras la Asamblea no reforme el COIP para que subsista sin la normativa de la tabla y no se termine de derogar la misma, añade el experto, la Corte Nacional de Justicia “tiene la potestad de emitir resoluciones con carácter de cumplimiento obligatorio para la mejor aplicación de la ley”, acción que consideraría positiva, pues “no dejaría en impunidad a los que agarran con droga mientras la tabla no esté vigente”.

El consumo de drogas, al menos técnicamente, no es punible en Ecuador, pues la Constitución lo reconoce como un problema de salud pública, y el mismo artículo 220 del COIP indica que el Gobierno los ayudará a superar la adicción: “en casos de consumo ocasional, habitual o problemático el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación”, expone la norma.

‘La tabla establecía umbrales, pero no quiénes son drogodependientes y quiénes son narcotraficantes’

El decreto 28 emitido por el Ejecutivo también dispuso que el Ministerio de Salud ofrezca “tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos”.

Cueva añade que la tabla nunca despenalizó el tráfico, pues aunque las fuerzas del orden descubrieran a alguien con 5 gramos de marihuana, por ejemplo, igual lo hubieran detenido si determinaban que tenía intención de vender.

Asimismo, aunque alguien se pase de los límites, como José, no significa que tenga la intención de distribuir las sustancias.

En Guayaquil existe un amplio mercado de marihuana recreacional

Florencia, una joven millennial, vende productos con THC, el componente psicoactivo de la marihuana. Incluso ha promocionado sus productos mediante redes sociales. Para ella es un ingreso secundario a su profesión primaria.

Refiere que aunque los precios no han aumentado todavía (en respuesta a la decisión del presidente), igual se maneja con más cuidado. Cuando empezó a vender era más abierta a venderle a cualquiera que se le acercara. Con el tiempo se hizo más cautelosa, pues tiene amigos que también se dedicaban a vender productos como brownies, gomitas y galletas, y que se metieron en problemas legales por ello.

“Por lo general, es por algún sapo que te delata, algún amigo que ya no es tu amigo (...). En un caso a un conocido le incautaron sus plantas, pero con un buen abogado no pasó a mayores, pero sí fue un gran dolor de cabeza”, expresa.

El COIP indica en su artículo 222 que la persona que cultive plantas con el fin de comercializar sustancias estupefacientes y psicotrópicas será castigada con 1 a 3 años de cárcel.

¿Qué pasará con los consumidores una vez que se ha derogado tabla de drogas? Especialistas dan sus perspectivas desde lo legal

“Los precios siguen siendo iguales hasta ahora, pero depende de cuántos cambios haya de parte de los proveedores. Hasta ahora todo bien”, señala. Ella vende sus productos en distintos tamaños. Producir una porción grande le cuesta $ 15, y la vende en $ 35.

Ella también usa el servicio de delivery de una aplicación de taxis para hacer sus envíos. Aunque el motorizado no sabe lo que está entregando, ella refiere que aunque lo paren, la apariencia de lo que vende no levantaría sospechas, y las autoridades no tienen manera inmediata de comprobar que se trata de un producto con marihuana con THC y destinado al uso recreacional.

Sin embargo, el uso medicinal de CBD, el otro componente de la marihuana, ya es legal en Ecuador desde 2019.

Salud mental

Para Eduardo Velarde, psicólogo clínico del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el uso de umbrales de tenencia de marihuana, como estipulaba la tabla, era solo un instrumento legal para referencia de los jueces y que debía ser acompañada de políticas públicas en los ámbitos de salud mental si quería usarse como herramienta para bajar los niveles de adicción.

“La existencia o inexistencia de la tabla no tienen ningún efecto para el consumidor (...). El propósito es netamente penal, no se reforzó con alguna intención de salud mental”, subraya Velarde.

La Ley Orgánica de Salud Mental fue aprobada por la Asamblea en mayo de este año, poco antes de que el expresidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada.

Fernando Bastias, miembro del CDH Guayaquil, sobre la eliminación de la tabla de drogas: “El hecho de que no haya sido efectiva no significa que haya que erradicarla, hay que reformarla”

“No se pudo tramitar adecuadamente esa ley. Esperamos que le den la prioridad que requiere y que contemple al consumidor de drogas” en la forma de filtrar más adecuadamente a consumidores de traficantes, para “poder dotar a la persona de medios efectivos para trabajar esta adicción”, dice el psicólogo.

Para Cueva, la derogación de la tabla podría ser positiva porque se caería el “mito” de que la tabla creó más adictos. “La gente se va a seguir drogando, con o sin tabla. El mayor mito es pensar que la tabla creó más adictos y que ahora no van a existir. Ahora nos vamos a enfrentar con la realidad de que es un problema de salud pública”. (I)