“Dónde están las armas”. Era la frase que repetían dos hombres armados que interceptaron el auto en el que Gustavo Villalba iba con un vecino, la tarde del 23 de mayo de 2023. Ambos se dirigían a sus casas ubicadas en el sector de La Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil, cuando fueron secuestrados a la altura del centro médico Ciudad Victoria.

El ahora desaparecido es un militar retirado combatiente en la guerra del Cenepa contra Perú, en 1995. Diana Villalba, de 38 años de edad y la mayor de sus tres hijas, no lo ve desde aquella mañana cuando estuvo en la casa de ella situada en el sur de Guayaquil.

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“Llegó con bolones, todos los días venía a desayunar y almorzar y por la tarde se iba a su vivienda en La Ladrillera, no le importaba la distancia”, cuenta.

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Gustavo tenía 59 años cuando fue secuestrado y estaba separado, pero nunca se desligó del que era su hogar y mantenía una relación cordial con su expareja.

Ya son casi diez meses de zozobra y padecimiento desde su desaparición. “Solo quiero que aparezca con vida o al menos poder sepultarlo”, dice Diana.

El vecino que iba con Gustavo alcanzó a escapar y avisó a Diana del secuestro.

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“Lo tuvieron maniatado junto a la cisterna de la casa de mi papá, mientras la vaciaban, según nos contó el vecino que también fue secuestrado. Él vio que llegaron más hombres en un camión y se llevaron televisores, computadoras, todo lo de valor, finalmente encontraron el arma que mi papá tenía con permiso, ya que trabajaba custodiando a personas importantes cuando lo requerían. Además, robaron en otra casa vecina”.

Hasta las 16:30 del 23 de mayo de 2023, el vecino afirma que vio a Gustavo con vida. Luego, en algún momento de la tarde, se lo llevaron.

“Los delincuentes querían que mi papá deje la casa, la querían usar. La Ladrillera es un sector conflictivo, los de las bandas llegan y piden desalojar las viviendas y los ocupantes no les queda otra que irse”.

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Un plantón realizado en Guayaquil en el que los familiares de los desaparecidos muestran fotos y mensajes alusivos a sus casos. Foto: CORTESÍA

Diana recuperó parte de las pertenencias de su padre con la ayuda de la policía. Al momento hay tres detenidos por este caso, acusados de robo.

“La Fiscalía no quiso acusar a los detenidos ni siquiera de robo agravado pese a que sabemos que actuaron con armas. Uno de los detenidos dijo que dejaron con vida a mi papá, herido pero con vida, en las afueras de la urbanización Villa Bonita, allí fuimos, pero no lo encontré”.

Hay versiones de que Gustavo fue asesinado y su cuerpo enterrado en una hacienda de la zona. Diana ha conseguido ingresar con resguardo policial para buscar en el lugar, sin resultados.

“La última vez contratamos una retroexcavadora que pagamos nosotros, pero nada. Hemos buscado unas diez veces. Ni la Policía quiere entrar a esa hacienda que es inmensa. Allá no se ha visto una intervención de los militares. Pasan cosas terribles, violan a las chicas y las tienen cautivas y desde una casa vigilan con sus propias cámaras los que ingresan al sector, por eso allá solo se entra con seguridad. Todo eso está a cargo de una banda delincuencial”, dice la hija del desaparecido.

El temor de los familiares de Gustavo es que los tres detenidos salgan en libertad debido a que en mayo próximo cumplen un año sin sentencia. “La audiencia se ha suspendido cuatro veces, nos convocaron para el 14 de marzo, esperamos que allí se dé, pero así trata el Estado a un héroe del Cenepa”, afirma Diana.

Este es un clamor de los familiares y amigos de las personas desaparecidas, que exigen al Estado respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, dice Lidia Rueda, presidenta de Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).

Hay personas desaparecidas en medio del estado de excepción

QUITO.- Lidia Rueda, presidenta de Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec), hace plantones al pie del Palacio de Carondelet. Foto: Andrés Salazar

Solo en enero de 2024 se registran 119 personas de las que se desconoce su paradero. A estas se suman 730 que no aparecen desde el año pasado, más del doble de las reportadas en 2021.

Durante 2023 se reportaron 7.572 personas desaparecidas, de las cuales 6.842 fueron localizadas, 6.439 correspondieron a desapariciones voluntarias por problemas sociales y extravíos en percances o por condiciones de salud. Otros 403 aparecieron muertos, de los cuales 99 fallecieron en crímenes, según las cifras del Ministerio del Interior.

Uno de los 730 del 2023 que se desconoce su paradero es Gustavo. “No hay presupuesto suficiente para que el Estado investigue y resuelva estos casos. A pesar de estar en un estado de excepción, la gente sigue desapareciendo. Sus familiares no somos de cuello blanco ni los del caso Metástasis, somos comunes y corrientes”, afirma Rueda, quien planifica una reunión con el presidente de la República, Daniel Noboa, para solicitar más presupuesto a la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía.

“No podemos dormir tranquilos, en los casos se evidencian varios mecanismos como secuestros, extorsiones, el uso de escopolamina”, añade.

Las denuncias en enero de 2024 llegan a 551, de las cuales 413 fueron las denominadas como desapariciones voluntarias y diecinueve aparecieron muertos.

“Nos toca luchar contra este sistema porque si la persona desaparecida es casada tiene que colocar su pareja, y solo a ella le dan respuesta en el sistema judicial, a los padres y hermanos no les dan información”, dice Rueda.

Yandri Herrera fue reportado como desaparecido en la provincia de Loja, desde el 13 de enero de 2019. Dos años después, el 24 de marzo de 2021, encontraron una osamenta que correspondía a él y debajo había un machete.

“La Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas (vigente desde enero de 2020) indica que después de encontrar muerta a una persona desaparecida, el fiscal por oficio debe establecer la instrucción penal, pero hasta ahora no ocurre”, manifiesta Rueda.

Lo que también preocupa, afirma, es que 287 de los 730 desaparecidos del 2023 son menores de edad. “De este grupo, el 77 % son niñas y adolescentes”. En estos casos tampoco hay respuesta.

Diana indica que seguirá en la lucha. “Le pido a Dios todos los días que mi papi esté vivo y que con algún golpe de suerte lo encuentren en uno de los allanamientos que hacen los militares. Uno de los detenidos me dijo que lo habían asesinado, otros me dicen que lo tienen entrenando a sicarios, pero esto último creo que es por despistar. Solo espero que esté en algún lugar, aún con vida, seguiré buscándolo y pidiendo respuestas al Estado. Mi papá no se merecía lo que le pasó. Él peleó por nuestro país y mire cómo lo tratamos”. (I)

Gustavo Villalba es un suboficial primero infante de marina en servicio pasivo. Foto: CORTESÍA