“La justicia no debe ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción. No permitiremos que estos malos elementos continúen campantes. Desde la Fiscalía seguimos haciendo nuestro trabajo, cumplimos sobre la base de nuestras competencias”.

Esto fue lo que dijo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en un video publicado en la cuenta institucional de la red social X.

Salazar, casi al final del audiovisual, se refirió muy brevemente a su seguridad. “Quiero agradecer a la ciudadanía y a la comunidad internacional por permanecer vigilantes, no solo de los procesos sino de mi seguridad y la de mi equipo por todo lo que esto significa y los exhorto a no bajar los brazos en esta noble tarea de exigir, de exigirnos más porque en casos como este combatimos fuerzas criminales, políticas y judiciales que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad. Todos sabemos a quiénes nos estamos enfrentando. Esta investigación tiene todos los elementos para ser sustentada en las Cortes, tiene mi compromiso, no permitiremos la impunidad”, expresó.

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Y no es la primera vez, en enero pasado dijo que se habían levantado 17 alertas sobre su seguridad, referente a atentados que se estaban planificando por parte de organizaciones criminales. “Lo que están haciendo es tratar de debilitar la acción de la Fiscalía, pero si nos debilita en un momento, pero también nos da fuerzas para continuar”, apuntó.

En tanto, la fiscal Salazar informó, en el video publicado este lunes 4 de marzo, sobre la serie de allanamientos en la provincia del Guayas dentro de lo que sería la segunda parte del caso Metástasis en el operativo denominado Purga.

“El caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país: Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad”, aseguró la fiscal general.

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Entre los detenidos estarían el exasambleísta Pablo M. y su esposa, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola G., la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ruth S. y varios jueces, entre los que están Guillermo V., Fausto A. y Saúl M. Todos estarían en el Cuartel Modelo, en Guayaquil.

Salazar señaló que no permitirá la impunidad ni en este ni en ningún otro caso que esté en manos de la Fiscalía.

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Colón Pico sigue desaparecido

El pasado 9 de enero, el SNAI informó de la fuga de Colón Pico del centro de rehabilitación social de Riobamba. Él guardaba prisión preventiva por presunto secuestro.

El pasado sábado, 6 de enero, una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado determinó para alias Capitán Pico la orden de prisión preventiva y el inicio de una instrucción fiscal por el delito de secuestro ocurrido el 10 de julio de 2023 contra un ciudadano en el sector de la Ferroviaria, sur de Quito.

Colón Pico fue señalado por supuestamente planificar un atentado contra la fiscal general, Diana Salazar. Ella lo mencionó durante una diligencia.

Después, se viralizó un video en redes sociales en el que Colón Pico dijo que su vida corre peligro y que no todo lo que se ha dicho en su contra es real.

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“Dejo en constancia este video. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y a esta señora, Diana Salazar, porque me están culpando de algo que yo no he hecho. Pueden averiguar todo, toda la ciudadanía, de favor les pido. Pueda que hayan hecho videos, que hablen lo peor de mí, pero eso es una mentira, eso es una patraña”, expresó.

La fuga del reo ocurrió horas después de que el gobierno de Daniel Noboa decretó un estado de excepción por 60 días.

Al momento sigue desaparecido. De hecho, el régimen ofrece una recompensa por los datos que permitan la recaptura de Fabricio Colón, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Lobos.

Más temprano, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, indicó que las cárceles del país seguirán con la presencia de los militares y que el Gobierno continuará con la “purga”.

“En estos meses no vamos a dejar las cárceles sin el cuidado de los militares, por eso tenemos una consulta popular muy importante donde hay varias preguntas que apuntalan al control permanente de armas por parte de los militares fuera de las cárceles, al apoyo permanente de la policía, militares en el control de la seguridad, no hemos descansado”, dijo Torres.

Así también, señaló que 17 centros penitenciarios, que ya están intervenidos, permanecerán de esa manera hasta que haya una purga total. (I)