Aura vivía en un cuarto en el que tenía la cama, una bacinilla y una cocina vetusta, todo en un mismo espacio que compartía con su único hijo vivo. Ella era blanco de bromas de los jóvenes del barrio suburbano de Quinindé (en Esmeraldas) donde vivía, porque siempre andaba somnolienta y se desvanecía dormida estando de pie.

La mujer tomaba un inductor del sueño que —decía— le había recetado un doctor para tranquilizarse. Llevaba la pastilla partida en cuatro pedazos en sus bolsillos. Cada vez que se sentía mal la ingería, lo que le provocaba la falta de equilibrio y el adormecimiento.

En ese estado la encontró Bertha Talbot, socia de la Fundación de Servicios Sociales Bruno y Ader. Aura, ahora con 87 años de edad, es desde hace una década una de las 21 personas de la tercera edad que viven en la Residencia del Adulto Mayor Casa Ader, que tiene doce habitaciones, cocina, sala de fisioterapia y consultorios médicos, todo construido con la contribución extranjera en un predio donado a la curia.

Desde hace doce años funciona a través de un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para atender a los adultos mayores en situación de pobreza, que implica una asignación estatal más la contrapartida privada.

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“El problema es que desde hace seis años han bajado las donaciones de las pamicultoras (cuya producción decayó debido a una plaga) de forma paulatina, lo que empeoró con la pandemia, y tampoco podemos hacer las actividades con las que nos financiábamos. Antes se hacía un bingo con el que nos podíamos mantener hasta por cuatro meses. Entonces, hay inconvenientes para cubrir la contrapartida”, indica Talbot.

La situación se da en el actual régimen, que ha pedido más apoyo al sector privado. “Un Gobierno que comprende que su mejor aliado es el sector privado permite que inversiones generen empleo, desarrollo y oportunidades”, decía el presidente de la República, Guillermo Lasso, en julio pasado como un llamado a unir esfuerzos y cumplir objetivos de la sociedad en medio del déficit fiscal del Gobierno, que llega casi a los $ 10.000 millones.

El primer mandatario ha resaltado logros, como el plan de vacunación contra el COVID-19, conseguido con la contraparte del sector privado.

En el caso de la atención de los adultos mayores la situación es más compleja, ya que una parte de los centros está a cargo de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) sin fines de lucro que tienen problemas para el financiamiento de la contrapartida.

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La Residencia del Adulto Mayor Casa Ader recibió $ 117.000 el año pasado por parte del MIES.

Además que acogen menos donaciones, los centros gerontológicos residenciales deben cumplir las exigencias del MIES para proceder con los convenios, como la contratación de una póliza de seguros, que el personal sea bachiller o tenga título de tercer nivel (los que se encargan del cuidado) y que las adquisiciones para el cumplimiento del servicio se hagan a través del portal de compras públicas. Esto último se dificulta, ya que por lo general adquieren los alimentos a los tenderos de la red de mercados o en tiendas de abastos locales, a quienes les piden factura para sustentar el gasto.

“El primer y segundo año del convenio nos pidieron póliza, pero luego la tesorera y presidenta firmaban garantizando, ahora se vuelve a estos requisitos. En estos momentos, $ 200 es dinero que se puede utilizar en comida. Para hacer por compras públicas nos toca contratar a alguien”, dice Talbot.

Los 60 centros gerontológicos residenciales vinculados al MIES de manera directa o por convenio atienden con un equipo multidisciplinario y dotación de bienes y servicios a 1.972 personas adultas mayores del país en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

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Ellos reciben asistencia, alimentación, rehabilitación, recreación, alojamiento, estimulación de las capacidades de manera temporal, pero la mayoría de casos mantienen una estancia de 3 a 6 meses o de manera permanente, porque no tienen referente familiar comprobado o donde quedarse.

El MIES destinará $ 63,6 millones durante este año para estos centros residenciales más los de atención diurna, domiciliaria y los espacios de socialización y de encuentro.

De los 60 residenciales, trece son administrados de manera directa por el MIES con una cobertura de 410 personas de la tercera edad en los cantones San Lorenzo, Cayambe, Guano, Patate, Portoviejo, Santo Domingo, Pedernales, Guaranda, Babahoyo, Milagro, Quevedo, Zaruma y Huaquillas.

Los otros 47 se administran en convenio con los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD, 16), organizaciones religiosas (14) y de la sociedad civil (17).

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Los adultos mayores de la Residencia del Adulto Mayor Casa Ader en el cantón Quinindé, en Esmeraldas. Foto: CORTESÍA HENRY CÓRDOVA

Los que funcionan con convenio tienen personal sin título, ya adiestrado en el cuidado, del que tendrían que prescindir.

La necesidad es constante. El mes pasado falleció un residente de 102 años de edad en Casa Ader, por lo que a través de Twitter y Facebook se hizo una campaña para recaudar $ 312 y poder sepultarlo.

Era un hombre que cantaba, recitaba y contaba historias de su juventud. Al llegar hace doce años refirió a una presunta hija que vivía en Guayaquil, pero al llamarla ella dijo que fue su entenada, que Víctor no era su padre biológico, y nunca más se supo de otro familiar.

“Nuestra cocinera gana un sueldo básico; ella sabe cocinar, pero no es bachiller. El MIES nos da $ 40 al mes para medicinas de 24 ancianos. Son exigencias tan grandes que hemos pensado hasta en cerrar el asilo. Nos tocaría decirles que distribuyan a los residentes en otros centros”, señala Talbot.

La entidad responde vía e-mail a este Diario que el MIES “aporta económicamente el 63,6 % al convenio de cooperación en la modalidad de Centros Gerontológicos Residenciales” para el financiamiento de la plantilla de talento humano y catorce funcionarios; además, servicio de alimentación y dotación de medicación y pañales.

Y que los requisitos pedidos se basan en las leyes y normas vigentes. “El Ministerio de Inclusión Económica y Social administra la gestión en inclusión económica y social enmarcado en criterios normativos con enfoque de derecho, equidad y justicia social, para la atención y cuidado integral de los grupos de atención prioritaria, sobre todo, de aquellos que se encuentran en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad”, indica la entidad.

Las dudas también se centran en los centros de acogida de personas con discapacidad que también reciben el aporte estatal del MIES.

Driana Heras, directora de la Fundación Sin Barreras, que tiene convenio con la entidad desde el 2015, asegura que muchas empresas dejaron de apoyar durante lo que va de la pandemia. “Ha bajado bastante, porque muchas pararon para salvar los puestos de trabajo. El aporte social es primordial y ayuda a las ONG a cumplir su labor. Ahora no podemos hacer actividades, como antes de la pandemia”.

La Fundación Sin Barreras acoge a 73 personas con discapacidad en estado de abandono o vulnerables. Uno de los requisitos es que tengan entre 18 y 64 años de edad, pero hay asilados que ya sobrepasaron los 65 y siguen viviendo en el sitio, porque no tienen a dónde ir. “La semana pasada llegó una persona de 62 años abandonado en el Suburbio (en Guayaquil). Tiene discapacidad intelectual y física”, manifiesta Heras.

Los lineamientos que exige el MIES para la firma de convenios llegaron este mes vía e-mail a los centros de ayuda social. “Es difícil cubrirlos para las ONG. Planteamos un diálogo al MIES. Esperamos una respuesta. La contratación a través del Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública) es con canastas ya determinadas. Pedimos que sigamos manejando las compras como hacíamos, ya que entregamos justificación legal con las facturas y así rendimos cuentas de lo que recibimos”.

El MIES reconoce $ 4,6 por usuario para cinco comidas. “Tengo seis proveedores a quienes compro dos quintales de papa, uno de zanahoria, así para la semana; y tú ves cómo haces alcanzar el dinero que dan”.

La complicación se da además por los retrasos en las asignaciones. “El año pasado estuvimos seis meses sin pago, y en ese tiempo las tiendas de abarrotes nos daban créditos”, indica Heras. A esto se suma el gasto en medicinas.

En la Fundación Sin Barreras viven quince con esquizofrenia, que requieren de medicina psiquiátrica que no hay en la red pública del Ministerio de Salud. “No puedo dejar de darles y hay que comprarla”, dice Heras.

Aura desconoce de estas vicisitudes que afronta el lugar donde vive. Ella ya casi no habla, solo balbucea y ha perdido la capacidad de caminar. Al verla, Bertha ve a su propia madre, porque dice que es muy dulce. “Al inicio se quejaba, que por qué la sacamos de su entorno, pero en verdad el hijo la visitaba más frecuentemente cuando cobraba el bono y ella le daba el dinero”, dice Talbot.

Ahora la anciana ya no lo recibe, porque es beneficiaria de un cupo en la residencia financiada en parte por el Estado. Su permanencia allí está en duda, porque tendrá que ser trasladada si la Residencia para el Adulto Mayor Casa Ader no logra sustentar la continuidad del servicio.

Los requisitos que deben cumplir las fundaciones están establecidos en las leyes y normas

Una persona de la tercera edad en el acto del MIES en diciembre pasado cuando se presentó la primera Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas de los adultos mayores.

El MIES es el ente rector en materia de protección social y económica a grupos de atención prioritaria en condiciones de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

La entidad informa a este Diario vía email que “gestiona sus servicios conforme lo establece la normativa legal vigente y la regulación sobre el manejo de los recursos públicos”.

Los acuerdos ministeriales 060 del 14 de enero del 2019 y 021 del 20 de enero del 2022 estipulan los requisitos y documentos habilitantes, que todo cooperante de derecho privado (organizaciones de la sociedad civil) y GAD deben cumplir.

Estos son el proyecto, la certificación presupuestaria, las garantías y los documentos habilitantes

En el caso de los convenios se solicita el nombramiento de los representantes legales, RUC y cuenta bancaria del cooperante, el proyecto aprobado por el MIES, el Informe Técnico de Viabilidad debidamente aprobado por la Dirección Distrital, el permiso de funcionamiento vigente de la Unidad de Atención, acorde a la normativa del MIES, aval del convenio emitido por el Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder, certificado otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de que el GAD no se encuentra en mora de sus obligaciones patronales y la certificación presupuestaria.

Además, está la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que en su artículo 3 indica que se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones. Y que “los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen”, indica el MIES.

La exigencia de que las adquisiciones para el servicio se hagan a través del portal de compras públicas se basa, menciona la entidad, en La Ley de Contratación Pública que determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios.

El Art. 7 menciona que las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles están sujetas a esta normativa ya que poseen o administran bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan.

Y en el art. 73 se determina que los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías, entre ellas, la “fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país”.

El MIES informa que “gestiona los servicios y centros con enfoque humanista para todas las etapas del envejecimiento, es decir, que establece la atención especializada a este grupo poblacional y determina la contratación de talento humano que cumpla lo establecido en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores”.

Esta última indica en el literal a del artículo 4 que “las instituciones públicas y privadas están obligadas a implementar medidas de atención prioritaria y especializada y generar espacios preferenciales y adaptados que respondan a las diferentes etapas y necesidades de las personas adultas mayores, en la dimensión individual o colectiva”, menciona el MIES.

La Norma Técnica para la implementación de servicios de atención y cuidado para las personas adultas mayores del MIES establece en el numeral 5.5 las especificaciones que el talento humano debe cumplir al atender a este grupo de atención prioritaria y así evitar vulneraciones por acción u omisión, indica la entidad a este Diario. (I)