¿Basta con un Código de Ética para combatir la corrupción?

El presidente de la República, Guillermo Lasso, estableció mediante decreto ejecutivo, en su primer día de gobierno, las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental con medidas como limitar el uso del avión presidencial y ratificar la prohibición de colocar a familiares de hasta el cuarto grado de consanguinidad en cargos del Ejecutivo.

Noticias relacionadas

Por un caso de ‘diezmos’, exasambleísta Karina Arteaga el 1 de junio próximo enfrentará audiencia preparatoria de juicio

hace 3 años

Corte Nacional trabaja en proceso de extradición de Walter Solís en el caso Sobornos, mientras él pide asilo político a México

hace 3 años

La decisión es positiva, concuerdan analistas, pero no basta, afirman, si se quiere concretar un combate real contra la corrupción, una de las principales problemáticas que aquejan al país.

Incentivar las veedurías ciudadanas, transparentar los procesos de contratación y facilitar la actuación judicial ante las sospechas de irregularidades serían muestras más tangibles, agregan.

Una coordinación eficiente de los órganos de control interno de las instituciones del Estado con la Contraloría, Fiscalía, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y la Comisión Nacional Anticorrupción es otra manera de evitar o filtrar los hechos ilícitos, incluso antes de que se cometan.

Retomar la creación de una comisión internacional con asesoría de las Naciones Unidas, un compromiso incumplido del régimen de Lenín Moreno, y propiciar que la Fiscalía y los tribunales de justicia actúen de forma ágil en los procesos judiciales pendientes sería otra muestra positiva.

Jaime Costales, politólogo, clínico social y profesor en la Universidad San Francisco de Quito, asegura que la iniciativa es una muy buena señal de la voluntad del presidente Lasso por retomar la honradez como brújula del Gobierno nacional.

“Lo importante es que no se quede en declaración, sino que se concrete en acciones consistentes para volver a edificar una robusta ética pública. Importa mucho que no se reduzca a un golpe de efecto publicitario, sino en una real voluntad de transformación profunda del modo de ejercer el gobierno y de convivir en la vida ciudadana”, enfatiza.

A esto se suma una selección muy exigente de los colaboradores de alto nivel y de cada uno de los ministros. “Garantizar que tengan una impecable ética pública, además, sanciones mucho más drásticas para la corrupción”, expresa Costales.

Empoderar a la ciudadanía para que haga consciencia de la importancia de hacer seguimiento de las acciones del régimen también es otra opción, según David Rosero, uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ente creado justamente con ese fin como parte del llamado quinto poder.

Hay 150 procesos de veeduría ciudadana activados durante los últimos dos años a través del CPCCS para hacer seguimiento de las actuaciones de los regímenes de Rafael Correa y Lenín Moreno. Estos han terminado en 35 informes finales, algunos de ellos con indicios de responsabilidad que han sido derivados a la Contraloría y la Fiscalía.

“Con él se puede coordinar para que la sociedad civil vuelva a tomar relevancia en el país activando los mecanismos de control social como las veedurías y los observatorios para vigilar el buen uso de los recursos públicos a nivel del Ejecutivo”, dice Rosero.

Un punto clave es facilitar el acceso a la información en las diferentes entidades gubernamentales para hacer este seguimiento desde la sociedad civil.

El CPCCS ha presentado 14 denuncias penales ante la Fiscalía. Entre ellas, la del sobreprecio en la refinería de Esmeraldas, sobre el endeudamiento público y la fallida reconstrucción tras el terremoto, hechos derivados del periodo de Correa. Y del mandato de Moreno, los sobreprecios en la compra de los insumos médicos durante la pandemia.

Una reforma a la Ley de Contratación Pública para que no haya cortapisas y se garantice en realidad la transparencia de los procesos de contratación están entre las acciones urgentes que se requieren. “Es necesario acceder a los pliegos, las ofertas para que la ciudadanía los observe no cuando ya se adjudica sino de forma previa o durante el concurso”, aclara Rosero.

Una de las trabas son las dificultades para hacer seguimiento a todos los procesos de contratación en áreas como la comunicación. Hay una gran cantidad de entidades que contratan con determinados nombres que cada cierto tiempo son cambiados, por lo que el historial está fragmentado.

Al igual que establecer medidas para que haya varias ofertas de las cuales escoger y no siempre terminen ganando los mismos, dice Rosero. “Unos de los principales problemas son el sobreprecio, la asignación a dedo y los direccionamientos”.

El Ejecutivo, añade Rosero, debería dar el ejemplo para que sus procesos de contratación se hagan con veeduría ciudadana.

Estas pueden activarse antes, durante o después de los concursos, según la iniciativa. Hay ejemplos de sus resultados como la veeduría que hizo observaciones al manejo del metro de Quito o la que implicó que la venta del Banco del Pacífico, en proceso, no se maneje con sigilo.

La vacunación como parte de la promesa del actual régimen de inmunizar a nueve millones de ecuatorianos en cien días podría estar vigilada por una veeduría ciudadana.

Ya hay una activada que hizo seguimiento al plan de vacunación en el régimen de Moreno. “Estas veedurías deben ser solicitadas por iniciativa de la sociedad civil, el propio presidente de la República o el ministro de Salud también puede convocar para que la ciudadanía se inscriba y se origine este proceso”, señala Rosero.

Las veedurías trabajan con facilidades reducidas, contrario a los auditores de la Contraloría, a los que por ley se les asigna oficina en la entidad que es auditada.

El art. 204 de la Constitución determina que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación”.

Hay planteamientos de eliminar el quinto poder creado durante el mandato de Correa e integrado al inicio con miembros afines a su régimen. Rosero dice que el proceso de consulta para que el electorado decida si sigue o no costaría $ 50 millones. “Sería la eliminación de una institución que funciona con un presupuesto de $ 7 millones al año. En todo caso, estamos abiertos al diálogo”, afirma. (I)