Bandas criminales reclutan a niños y adolescentes en Ecuador: pasan de ser campaneros, asaltantes hasta convertirse en sicarios

Ver un asalto a mano armada por parte de un adulto es “común” en el bloque 10 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil, asegura María Fernanda, a quien alarma que ahora niños y adolescentes delinquen y se droguen sin reservas en la zona.

Ella tiene tres niños y no solo siente temor a una bala perdida, sino a que las bandas delictivas intenten acercarse a su familia. Esta madre no deja que sus hijos vayan a la tienda, pone candado en su puerta desde las 17:00 y cierra las ventanas para no percibir el olor a droga, que se acentúa en las noches.

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El 4 de abril pasado, entre las 10:00 y 12:30, en los sectores Bastión Popular, Flor de Bastión, La Ladrillera, Fertisa, Monte Sinaí y Entrada de la 8 el panorama era repetitivo: niños caminando solos o en parques en medio de adultos drogándose e incluso un par de pequeños consumiendo.

En Monte Sinaí, un grupo de niños de hasta 12 años caminaba varias cuadras, aparentemente sin rumbo. Otros adolescentes andaban sin camisa y acompañados de adultos que metían la mano en el pantalón haciendo alusión a que iban armados.

En Bastión Popular, bloque 10, casi en cada esquina había personas consumiendo droga, unos armaban el cigarrillo en medio de la vía y otros aspiraban fuera de negocios cerrados. Ese panorama se desarrollaba cuando mujeres caminaban con sus hijos en brazos o padres los llevaban de la mano. De alguna manera estaban obligados a oler esa sustancia.

Drogándose, intimidando, asaltando y hasta asesinando es como se ha visto a niños y adolescentes. Uno de los casos que causó mayor impacto es el crimen al estilo sicariato del policía Freddy Bonilla, en Esmeraldas. De ello están acusados un pequeño de 11 y otro de 13 años. Un video muestra a los menores disparando varias veces para robar la motocicleta y el arma de fuego al gendarme.

Según datos del Ministerio de Gobierno, entre enero y febrero hubo 12.849 personas detenidas y aprehendidas, de estas, el 3 % corresponde a niños, niñas y adolescentes, es decir, 385. En 2022 fueron 2.101 menores, en 2021, 2.718. Pero esta cifra es menor comparada con la de 2017, cuando hubo 7.855, y en 2018 fueron 4.900.

En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) hay un aproximado de 220 menores que cometieron delitos en el primer trimestre de 2023. Esto es el 7 % menos de lo registrado en el mismo período del 2022, dice el capitán Andrés Rivadeneira, jefe (e) de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de Zona 8.

Influencia de bandas delictivas se hace posible ante hogares desestructurados

“Los niños y adolescentes de la comunidad donde ya están las bandas organizadas son más propensos a ser reclutados. Uno de los factores más comunes es que son niños huérfanos o están en un hogar disfuncional donde por pobreza extrema no están con los padres al 100 %”, explica Rivadeneira.

La falta de cariño y apoyo, según Rivadeneira, facilita la inserción de menores en bandas. Cuando ya están en ese ambiente, los menores se inician como campaneros, es decir, alertando de alguna situación en el barrio o presencia policial.

Después se desempeñan como acompañantes en robos y, de acuerdo con Rivadeneira, cuando van teniendo “experiencia” y “confianza” de los líderes de bandas, pasan a ser sicarios.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos ya está tipificado y es parte de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que constan en el Registro Oficial del 29 de marzo de 2023.

Al artículo 369 se agregó el 369.1 que indica que la persona que, de manera individual o como parte de una estructura delictiva, reclute o enliste a niñas, niños o adolescentes con el propósito de que cometan conductas tipificadas como delitos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. Además, hay otra sanción de 13 a 17 años si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo.

Las bandas delictivas justamente se aprovechan de los menores porque son inimputables, asegura Rivadeneira. “Niños de hasta 12 años son inimputables, así se los observe en el peor delito que pueda existir. A ellos no se los puede detener como tal ni se los presenta a una autoridad competente”, explica Rivadeneira y agrega que el procedimiento es dar a conocer a Fiscalía, luego va a la Unidad de Familia y Niñez, y si no tiene familia, pasa a una casa hogar.

En el caso de adolescentes a partir de 12 años hasta la mayoría de edad es distinto. “Se presenta en la Fiscalía Especializada en Justicia Juvenil y dentro de esto se da a conocer al fiscal, dependiendo del delito por el cual se lo haya retenido el fiscal tomará una decisión, que es el entrenamiento preventivo. Está detenido en el Centro de Adolescentes Infractores y a su vez se emite alguna media socioeducativa que puede ser dentro de la casa bajo el cuidado de los padres”, señala Rivadeneira, y depende de lo que diga el juez.

Andrés Ricaurte, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, opina que la reforma es adecuada, pero aún queda un vacío. “A los niños desde muy jóvenes se les quita su dignidad, la oportunidad de una infancia plena y que luego se convertirán en futuros líderes de esas organizaciones. Es un problema de décadas y no se ha atendido desde las bases”, indica Ricaurte.

Y además no es cuestión de “avivar el debate sobre si podemos o no hacer a menores de edad sujetos de las penas, sino más bien evidenciar cómo las redes de la delincuencia organizada están funcionando y están intentando utilizar a los niños como un instrumento”, comenta.

Con esto concuerda Sybel Martínez, jurista y directora de Rescate Escolar, quien dice que al menos nueve generaciones tendrán que vivir en la miseria, lo que las convierte en vulnerables ante las bandas.

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“Seguramente vamos a seguir escuchando confusiones como que hay que sancionar a los menores con todo el rigor de la ley y los adultos sin poner la mirada desde la protección integral”, enfatiza Martínez.

La jurista menciona que, desde el procedimiento, no hay una distinción. Explica que el menor detenido pasa por un proceso judicial y Ricaurte agrega que es ahí cuando se “sataniza”. “Tenemos que ver en qué está fallando el Estado para que esos niños no puedan tener garantizada una vida digna desde su corta edad”, apunta Ricaurte.

Esta problemática social, para Rivadeneira, puede atacarse desde la inversión estatal, en entrar a barrios y rescatar a los menores. Según Dinased, Los Esteros, Pascuales y Nueva Prosperina están entre los sectores más conflictivos. (I)