La disposición transitoria decimoprimera del Proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, propuesto por el régimen de Daniel Noboa y aprobado en la Asamblea, es cuestionada por representantes del sector por su contenido, la forma como se incluyó en la propuesta y sus posibles consecuencias.
Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), afirma que la iniciativa es “inconstitucional”, carece de sentido técnico y fue incluida de forma sorpresiva, sin consulta previa a los actores directamente involucrados.
“Esta es una propuesta inconstitucional. No tiene sentido obligar a una cooperativa a transformarse en banco”, señaló Peñaherrera horas antes de que se debata en el pleno de la Asamblea Nacional.
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Además, agrega, “se metió entre gallos y medianoche en el informe para segundo debate, que fue el domingo a las siete de la mañana. Ni siquiera se pudo hacer un pronunciamiento oportuno del sector”. Este 24 de junio se debatió y aprobó el texto legal.
Para el gerente de Icored, este tipo de procedimientos legislativos compromete la estabilidad jurídica del país y vulnera la autonomía de un sector que representa una porción significativa del sistema económico.
Aunque tanto bancos como cooperativas realizan intermediación financiera, Peñaherrera explicó que la naturaleza institucional de ambos modelos es completamente distinta.
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“Los bancos tienen accionistas y buscan lucro. Las cooperativas tienen socios y no buscan necesariamente rentabilidad, sino ofrecer servicio, apoyar a la comunidad y contribuir al desarrollo social y económico”.
Además, cuestionó la falta de claridad conceptual de la disposición: “No se señala qué significa una cooperativa sistémica. Es una categoría vaga, que no sabemos cómo se va a aplicar ni con qué criterios”.
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La disposición decimoprimera del proyecto que se aprobó indica que, antes del “desarrollo de los análisis de interconexión y riesgo sistémico, en el término de noventa días contados a partir de la posesión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, esta emitirá las regulaciones necesarias para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que, con la finalidad de proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía de las localidades y preservar la estabilidad financiera, deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos”.
Desde Icored se preguntan cuál es la verdadera motivación detrás de esta disposición.
Peñaherrera sugiere que podría haber un intento por debilitar al sistema cooperativo y favorecer a actores interesados en su transformación.
“Parecería que como ahora son instituciones grandes, sólidas, que han servido a poblaciones urbanas y rurales con alta pobreza, ahora sí les interesa convertirlas en bancos. Es como querer quitarle la institución a los socios para entregársela a nuevos accionistas”.
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El tema es que convertir a una cooperativa en sociedad anónima implica automáticamente su bancarización.
“No hay otra figura jurídica posible. Si se las transforma en sociedades anónimas y pasan a la Superintendencia de Bancos, la única forma es como banco privado. No existe otra modalidad”, indica Peñaherrera.
Y recordó que las cooperativas son sociedades de personas, no de capital, como sí lo son los bancos. Además, están reconocidas como parte de la economía popular y solidaria en la constitución vigente desde el 2008.
En Ecuador existen actualmente 398 cooperativas de ahorro y crédito, según Icored.
Peñaherrera estima que entre 10 y 12 que son las más grandes, con más de 500 millones de dólares en activos, podrían ser las principales afectadas por esta disposición.
“No es difícil suponer que el objetivo es convertir a las cooperativas más grandes. Y eso es debilitar a la economía popular y solidaria”.
Las cooperativas son parte de la economía popular y solidaria
El sistema cooperativo, según datos de Icored, gestiona más de 28.000 millones de dólares en activos, lo que representa el 30 % del producto interno bruto nacional.
Atiende a 6,1 millones de socios y cerca de 3 millones de clientes adicionales, entre inversionistas y depositantes.
“Estamos hablando de 9 millones de personas atendidas por el sistema cooperativo. Y no hay falta de control: tenemos normativas, supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, regulación contra lavado de activos, seguro de depósitos… No hay excusas técnicas para este cambio”.
El sector cooperativo estará vigilante para impedir que la disposición no sea aprobada.
“No vamos a permitir que se borre con una disposición transitoria el trabajo de décadas ni que se arrebate a los socios lo que ellos han construido. Activaremos todos los mecanismos necesarios para que esto no pase”. (I)
