El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este martes, 21 de mayo, que se retomará la campaña de vacunación contra el COVID-19 el próximo jueves, 23 de mayo.

El evento de lanzamiento oficial se llevará a acabo en el Centro de Salud San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito, y marcará el inicio de la vacunación anual para COVID-19.

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El MSP informó que se realizó la adquisición de 500.000 dosis en las que se invirtieron 8 millones de dólares. Las primeras 250.000 dosis arribaron en este mes y fueron distribuidas, bajo estricto manejo de la cadena de frío, a las nueve zonales. Las dosis restantes llegarán en el segundo semestre de este año.

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Esta iniciativa tiene como objetivo reducir las posibilidades de complicaciones graves, como hospitalizaciones y muerte por el virus, en la población con mayor riesgo de contagio.

La decisión se basa en la constante vigilancia epidemiológica al SARS-CoV-2, virus que aún circula y evoluciona. Y en consonancia con la reciente declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre la composición antigénica de las vacunas contra el COVID-19 (abril de 2024).

El MSP planificó la vacunación en alrededor de 1.975 centros de salud que se encuentran en las 24 provincias del país.

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La vacuna contra el COVID-19 se aplicará a niños que no hayan recibido la vacuna anteriormente, como niños desde los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, así como niños desde los 6 meses con inmunosupresión y niños mayores de 5 años de edad.

Y para las personas que recibieron la vacuna anti-COVID-19 anteriormente, sin importar el número de dosis aplicadas, se vacunará a niños desde los 6 meses de edad hasta los 4 años, niños con inmunosupresión desde los 6 meses de edad, niños mayores de 5 años de edad, adultos de entre 18 y 64 años con condiciones graves o enfermedades crónicas, adultos mayores de 65 años de edad.

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La aplicación de dosis del biológico incluye a personal y trabajadores del Sistema Nacional de Salud, personal que labora en centros gerontológicos, policías y militares activos, bomberos y personas privadas de la libertad (PPL).

Además, cuidadores de personas con discapacidad y embarazadas, independientemente de la edad gestacional. (I)