TULCÁN
Más de 300 tractocamiones fueron parte de una marcha pacífica motorizada que partió a las 08:50 desde el cantón Bolívar, tomó un carril de la E-35 y llegó hasta la Gobernación de Carchi, en Tulcán, a las 16:00, luego de efectuar un recorrido de más de 63 km.
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Esta acción reemplazó a la paralización que fue anunciada el pasado jueves 26 de febrero y que inicialmente iba a empezar a las 00:00 de este lunes 2 de marzo.
Los dirigentes de la transportación insistieron en que la derogatoria a la tasa de seguridad implantada por el Gobierno de Ecuador y aranceles también impuestos por el Gobierno Colombia.
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Advirtieron que la situación es preocupante. Según ellos, se redujo su trabajo en un 90%, las bodegas que acopian las mercaderías están vacías, los obreros que realizan la carga y descarga de mercancías están sin trabajo y las distintas empresas de transporte de carga, almaceneras y agencias de exportaciones e importaciones han advertido de despidos.
Álvaro Lucero, representante de la Asociación de Bodegas en Carchi, aseguró que aproximadamente 4.000 familias que están dentro de la cadena logística de las exportaciones e importaciones en la frontera norte corren el riesgo de quedar en la desocupación.
Mientras que Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, advierte de la proliferación del contrabando y que las bandas criminales podrían aprovechar para tomarse los pasos fronterizos por donde fluyen mercaderías al margen de la ley, entre ambos países.
A Tulcán llegaron cuatro viceministros que aspiran en la tarde y noche de este 2 de marzo concretar los diálogos con los distintos gremios inmersos en la transportación de carga y comercio exterior.
En tanto, este martes 3 de marzo se anuncia una reunión binacional, a la que asistirán los gremios de Ecuador y Colombia y en la que se tomarán importantes decisiones.
En las últimas horas trascendió que la Gobernación de Nariño solicitó al Gobierno del presidente Gustavo Petro declare a este departamento como Zona Especial de Intervención Fronteriza, por un término de 90 días improrrogables, ante las repercusiones económicas, aduaneras y fiscales, derivadas de las medidas adoptadas por el Gobierno de Ecuador.
Entre las acciones propuestas se incluyen la exención temporal del IVA e impuesto al consumo por tres meses para sectores estratégicos, la reducción o suspensión transitoria de retenciones y anticipos tributarios, subsidios parciales a la nómina para empresas formales fronterizas, alivios en impuestos territoriales y predial, programas de inversión pública intensiva en empleo, fortalecimiento aduanero para evitar el contrabando, entre otras. (I)