Nahomy, 13 años, fue contactada por redes sociales por un usuario desconocido con el que mantuvo intercambio de mensajes por tres meses hasta que la convenció de que viaje de Babahoyo a Perú.
Por su desaparición, en marzo de 2021, sus padres alertaron a la Policía y se logró ubicarla en un hotel de Trujillo. Se determinó que un hombre de 50 años estuvo detrás de este caso.
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Entre el 2017 y octubre del 2024, en Ecuador se contabilizan 1.075 personas identificadas, en su mayoría mujeres (84 %) y el resto varones (16 %), que se presume habrían sido víctimas de trata de personas, según datos del Ministerio del Interior.
El 80 % de los casos se dio con población juvenil, como Nahomy. De ello, el 40,95 % son jóvenes (18 a 29 años), el 40,53 % son adolescentes (12 a 17). El resto se diversifican entre adultos de 30 a 64 años (9,82 %), niños y niñas de 0 a 11 años (8,13 %) y adultos de más de 65 (0,56 %).
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Durante el Primer Simposio de Avances Tecnológicos en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Tomás Guayasamín, director contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, expuso las labores de la entidad, como caracterización del delito en el país, política pública, labor interinstitucional y mesas de trabajo.
Remarcó que los flujos de trata de personas regularmente se dan a nivel regional y que en su mayoría se concentran con fines de explotación sexual y laboral. De Ecuador apuntó que suele ser un país de origen, tránsito y también de destino de víctimas del delito.
Él remarcó que en promedio las víctimas “no se reconocen como tales”, es decir, hay un rechazo natural a rendir un testimonio, miedo natural al victimario, de quien ejerció la explotación, y otros factores que impiden que esa persona vuelva a su entorno familiar.
Más aún si el victimario es un allegado, se abstienen de dar una versión ante la justicia, sostuvo el especialista en trata de personas. “La excepción en el país, así como otros países, es que las víctimas deseen participar del proceso penal”, detalló él.
Según estadísticas, este delito se concentra más en las poblaciones grandes, como Guayaquil, Machala y Quito. Dependiendo de las regiones pueden variar las características. En Guayaquil y Machala hay casos de adolescentes captadas por ofertas de trabajo fraudulentas, engaño o “enamoramiento” al acceder a convivir con una persona y luego ceder a la explotación sexual.
Mientras, en comunidades indígenas de Imbabura han detectado captación de niños para llevarlos a otros países y explotarlos con fines laborales en mendicidad, venta de artesanías, entre otros.
Entre las acciones estatales, él expuso que se cuenta con planes de acción contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, además de un comité de coordinación para la prevención, con enfoque en tres ejes específicos: prevención, asistencia y prevención, e investigación y judicialización.
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En el escenario actual, el especialista expuso que a partir de la pandemia hubo un caso particular de salida de menores por aeropuertos, con autorizaciones, en medio de un contexto migratorio.
En ese sentido, detalló que destinaron equipos de trata de manera permanente para perfilar a pasajeros en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, además del cruce de Rumichaca, en la frontera norte, donde además se ha implementado tecnología con cámaras y analítica de datos.
En los dos recientes años, en las unidades de control migratorio se ha dado el impedimento de salida de alrededor de 7.000 menores porque se detectaron inconsistencias.
Dentro de las labores, el director expuso que se ha trabajado en establecer protocolos y procedimientos para detectar potenciales casos de trata, así como una guía para encontrar posibles víctimas.
Citó que se dan acciones estratégicas, como capacitaciones a 1.932 funcionarios de entidades que podrían tener contacto con víctimas en rutas e incluso hoteles fronterizos. Además se visitaron 42 agencias para sensibilizar sobre la ruta de migración riesgosa. Cinco fueron clausuradas. (I)