Armas no letales que ingresan por contrabando en la frontera con Colombia triplican su costo en territorio nacional

Tulcán La decisión gubernamental de autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos podría derivar en la proliferación del contrabando de armas traumáticas y municiones desde Colombia, según militares y policías.Este tipo de pertrechos no letales son de libre comercialización en el vecino país del norte. Han alcanzado gran demanda en los últimos años y suelen ingresar irregularmente por pasos fronterizos no autorizados u ocultos en caletas adaptadas en vehículos livianos.En almacenes de Ipiales y Pasto es exhibido este tipo de armamento que es comercializado sin ninguna restricción o requisito alguno.En esas ciudades aseguran que son armas disuasivas para uso de particulares.Autoridades de la Brigada Andes, asentada en Tulcán, encargadas del control de armas y explosivos, han manifestado que estos equipos estarían siendo entregados a los grupos delictivos que operan en Guayaquil y en la zona costera del Ecuador.La percusión de una pistola de fogueo, como también son conocidas, puede provocar una herida, sostienen los expertos.El valor de una pistola o rifle traumático se revaloriza una vez que ingresa a territorio ecuatoriano, bajo la modalidad de contrabando. Incluso el costo puede triplicarse en el mercado negro, como advirtió meses atrás Jaime Guerra, excomandante del Batallón Mayor Galo Molina de Tulcán.Pablo Yacelga, comandante subrogante de la subzona de Policía Carchi, señaló que una pistola de fogueo en Colombia puede costar entre $ 200 y $ 300, dependiendo de la marca.Ese precio, dijo, sube una vez que ingresa ilegalmente al país. El oficial explicó que los operativos policiales se han reforzado en la línea de frontera para frenar el ingreso de este tipo de elementos que vienen en estuches especiales. En Guayaquil pueden alcanzar un valor que oscila entre $ 500 y $ 700, aunque ese valor tiende a ser más alto. El contrabando de estos elementos creció desde el 2020, pese a la pandemia, y es objetivo en las operaciones que realiza la Policía Nacional, Ejército y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la frontera norte.Octavio Rosales, comandante de la Brigada Andes, no ha querido anticipar los operativos que desarrollarán en su jurisdicción, sin embargo, trascendió que los responsables del control de armas mantendrán una reunión en Quito con la finalidad de recibir nuevas disposiciones.El pasado 23 de marzo, el Centro de Control de Armas Carchi, que opera en esta provincia e Imbabura, exhibió 68 armas letales , 32 armas no letales , 1.933 municiones letales de distintos calibres y 1.014 municiones no letales de todo calibre, que fueron confiscadas durante el último semestre, en distintos operativos.Estos pertrechos junto a 158 accesorios que permanecían en las bodegas de material bélico, ubicadas en el Fuerte Militar Mayor Galo Molina de Tulcán, fueron transportados hasta el depósito de municiones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la provincia de Pichincha, para la respectiva destrucción.El armamento evacuado es el resultado de decomisos e incautaciones realizadas en distintas operaciones militares y en apoyo a otras instituciones del Estado, en las provincias de Carchi e Imbabura, durante el segundo semestre del año 2022, indicó Marcelo Andrade, responsable del Centro de Control de Armas Carchi.El oficial comentó que existen armas entregadas de manera voluntaria por personas naturales y jurídicas, que cumplen con lo estipulado en la ley, al no tener documentos de respaldo que justifiquen la tenencia de dicho armamento.Las Fuerzas Armadas, a través de sus unidades militares, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, desarrolla operaciones de inmovilización, decomiso y destrucción de armas de fuego y municiones, que no han sido registradas legalmente en las dos provincias norteñas. (I)

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