Ecuador confía en obtener el levantamiento de la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea (UE) a sus productos pesqueros, una sanción que penaliza al país por sus deficiencias en el combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, se mostró optimista y proyectó que, con el trabajo técnico y normativo que se está ejecutando, el país podría superar la notificación en 2026.
El país fue notificado por la Dirección de Asuntos Marítimos y Pesquerías (DG-Mare) de la UE en octubre de 2019, una medida que lleva ya seis años.
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Pesca: ¿salida del estatus de tarjeta amarilla en la UE queda para el 2025?
La solución, según Palacios, se centra en fortalecer los sistemas de trazabilidad, seguridad y la demostración de las áreas donde se realiza la pesca.
La denominada tarjeta amarilla se originó debido a serios déficits detectados por la UE en los puertos y en la cadena logística de Ecuador.
El problema principal radicaba en la falta de control, lo que permitía la mezcla de pescado legal con ilegal durante el procesamiento y la exportación.
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Los auditores de la UE encontraron que se llegaban a certificar volúmenes de exportación superiores a los desembarcados legalmente, en una diferencia que marcaba la infiltración de pesca ilícita.
El ministro Palacios sostuvo que el Gobierno ha trazado un cronograma riguroso que se está cumpliendo al pie de la letra. El eje central de este esfuerzo es la trazabilidad, con la que se busca demostrar todo el proceso que siguen los productos desde su captura.
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“Lo principal es trazabilidad, donde nosotros demostremos todo el trabajo que se está haciendo, demostrando las áreas donde nosotros estamos realizando la pesca”, indicó el ministro.
Otras acciones técnicas incluyen justificar los volúmenes de pesca, demostrar el uso correcto del espacio de las embarcaciones y fortalecer los temas de seguridad.
El ministro destacó que el trabajo ha sido bien recibido en Europa. “Yo estuve hace cuatro semanas en Europa conversando justamente con quienes están del otro lado, los comisionados, viendo este tema de poder ir revisando lo que se está haciendo, presentando lo que hemos hecho”, comentó Palacios.
La respuesta de Ecuador a la tarjeta amarilla ha sido integral, incluyendo cambios normativos y una estrecha cooperación entre el Gobierno y el sector privado.
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Andrés Chuca, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), afirmó que el sector está brindando una trazabilidad continua a su materia de exportación.
Chuca se mostró muy esperanzado en el levantamiento de la sanción, al asegurar que el ministro Palacios está manejando las acciones de manera correcta.
Entre los cambios concretos realizados por el país se incluye la aprobación de una nueva Ley de Pesca y la implementación del sistema del Convenio Interamericano para la Conservación del Atún Tropical (CIAT). El sector gremial está trabajando de la mano con las autoridades para apoyarlas en todo lo que sea necesario, indicó.
Recientemente se realizó un foro del atún en Manta, que contó con la presencia de investigadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estos expertos llegaron para trabajar de la mano con las autoridades nacionales en el mejoramiento del sistema pesquero. (I)
