SNAI cumplió orden judicial de colocar grillete electrónico al alcalde de Quito, Jorge Yunda, acusado de peculado

Desde ayer la capital de los ecuatorianos mantiene un alcalde que dirigirá el Municipio de Quito usando grillete electrónico, medida cautelar que seguirá vigente mientras se resuelve la acusación por peculado que pesa contra Jorge Yunda Machado.El alcalde capitalino madrugó a las instalaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que se le coloque el dispositivo electrónico ordenado por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, el martes pasado durante la audiencia en la que vinculó al funcionario y seis personas más a la instrucción fiscal por el delito de peculado.La presentación de Yunda se daba pese a que su abogado Juan Pablo Albán, a la misma hora que estaba poniéndose el dispositivo, aseguraba que aún no le habían notificado escrito alguno para que su cliente se acerque para la colocación del grillete.Yunda bajaba el tono de lo que significa tener un alcalde investigado por un posible acto de corrupción y usando grillete, diciendo que en su vida había recibido muchos premios y medallas, preseas, pero que “esta es especial, esta significa haber salvado 50.000 vidas” o que le están haciendo más famoso “porque ahora jugar vóley con grillete va a ser más viralizado”.Insistió el alcalde en que él, Linda Guamán, Ximena Abarca y otros funcionarios procesados en este caso son perseguidos, pues ninguno ha tenido que ver con una ilegalidad. Pese a que Yunda critica que ahora se diga que “las pruebas son chimbas”, recuerda que mandaron a validar esas pruebas en laboratorios de reconocido nombre internacional y siempre corroboraron que tenían la efectividad.Yunda dice que para analizar el tema se debe comparar la mortalidad de otras ciudades y la mortalidad de Quito, y anunció que así le vuelvan a poner otro grillete, ‘van a vacunar a la ciudad de Quito’ .La teoría de Fiscalía apunta a que Yunda, la secretaria de Salud, Ximena Abarca, y la coordinadora técnica, Linda Guamán, conocían de la baja sensibilidad de las pruebas entregadas en este proceso por la empresa Salumed y que las que se entregaron no eran las solicitadas, pero que aun así fueron validadas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.Tan solo horas después de que el SNAI colocó al alcalde de Quito el grillete electrónico, al mismo lugar llegó Guamán, otra de las vinculadas a quien el juez Jhaya ordenó el uso del dispositivo, más la prohibición de salida del país y la presentación periódica. Ella asegura que no se le ha demostrado ni le demostrarán culpabilidad alguna. Uno de los primeros argumentos que revela a su favor es de tipo cronológico, pues, dice, se debe conocer que su ingreso a la Secretaría fue el 16 de junio pasado y el 12 de mayo de 2020 ya se habían recibido las pruebas de conformidad, y que la administradora del contrato firmó el acta de entrega-recepción definitiva “indicando que no hay ninguna novedad respecto a la calidad de las pruebas”.“Lo que nosotros hacemos no es indicar si es que sirven o no sirven (las pruebas), pues para eso está la administradora del contrato. En cada una de mis intervenciones en el Concejo Metropolitano (...) yo iba documentando cada uno de los hallazgos. Indiqué al Consejo que las pruebas eran de una tecnología ligeramente diferente Lamp, indiqué al Concejo la validación de la UDLA, de Corea, de SinLab y no solo eso, sino que además colocamos en la página web del Municipio de Quito cada una de las validaciones”, indicó Guamán.Guamán está clara en que la responsabilidad de la empresa que entregó las pruebas está establecida en el contrato y debe cumplir con la entrega ofertada en la contratación.Sobre el tema, la coordinadora técnica explica: “El objeto contractual decía PCR, las especificaciones técnicas no dicen PCR, las especificaciones técnicas son más amplias e indican pruebas de diagnóstico molecular. (...) Y las pruebas Lamp son de diagnóstico molecular, pero eso lo confirmó la administradora del contrato , porque es ella quien tenía que decidir si lo que se recibió era o no acorde a lo que se contrató”.Mientras, las órdenes de ubicación y captura contra la secretaria Ximena Abarca; Jéssica C., encargada de compras públicas; y del excoordinador jurídico Marco R. no se han concretado aún. Según Ramiro Román, abogado de Abarca , la prisión ordenada contra los tres procesados no surte efecto hasta que se resuelva la apelación que han planteado las tres defensas.Paúl Ocaña, abogado de Jéssica C., aseguró que esperarán que se dé primero la audiencia de apelación a la prisión preventiva antes de decidir cualquier tema relacionado con su entrega.Continuando con la investigación, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, dispuso en su último impulso que el 22 de febrero próximo, a las 11:00, rinda versión libre y voluntaria el actual ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y académicos e investigadores de varias universidades del país. Además, Santillán solicitó a varias instancias públicas información sobre el alcalde Yunda, sobre el proceso de contratación en este caso y sobre los estudios realizados a los kits de diagnóstico. (I)

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