Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra siete personas por su presunta participación en peculado, en la contratación de servicios para mantenimiento de equipos electrónicos en el Hospital General Norte Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil. Esto habría ocasionado un perjuicio económico de $ 291.595,17.

La jueza de Garantías Penales que lleva el caso valoró y acogió el pedido de Fiscalía, por lo que dictó auto de llamamiento a juicio a los ciudadanos procesados.

Para sustentar su dictamen acusatorio, Fiscalía presentó el anuncio de prueba donde constan los informes con indicios de responsabilidad penal (IIRP) emitidos por la Contraloría General del Estado (CGE), el reconocimiento del lugar de los hechos y la pericia contable que identifica el presunto perjuicio económico ocasionado a la casa de salud.

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Además, una pericia de contratación pública, la resolución del contrato y su adjudicación, las actas de negociación y convalidación suscritas por la comisión técnica del hospital.

También se presentaron los informes investigativos, un informe emitido por el Servicio de Contratación Pública, facturas, acciones de personal, versiones de los procesados, entre otros.

Con base en IIRP remitido por la CGE, Fiscalía abrió una investigación previa el 30 de agosto de 2021. Para el 10 de septiembre de 2021 se allanó el hospital, al encontrarse presuntas irregularidades en la contratación de servicio de mantenimiento para equipos electrónicos de esa casa de salud, cuyo monto fue de $ 544.310,98.

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El informe de la entidad de control señala que la empresa contratada no presentó documentación que avale su experiencia para los trabajos de mantenimiento de equipos electrónicos de la casa asistencial. Sin embargo, la contratista habría recibido un anticipo de $ 291.595,17, sin que hasta el 30 de abril de 2022 haya dado servicio al hospital.

Los ciudadanos procesados son Susana M. L., gerenta de la casa de salud al tiempo de los hechos; Rocío G. Z., jefa de contratación; Johanna V. F., administradora de contrato; Cristina G. Z., responsable de compras públicas; Jorge R. C., Andrés C. M. y Bolívar J. M., integrantes de la comisión técnica; y, Renato A. G., contratista.

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Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años. (I)