Casi 30 minutos después de las 14:00 de este miércoles se instaló en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha la audiencia en la que se escucharán los testimonios anticipados de los investigadores de la Universidad de las Américas (UDLA), Tannya Lozada y Miguel Ángel García, los cuales fueron solicitados por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, como parte del proceso penal por el delito de peculado que habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

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Lozada y García fueron parte de los investigadoras que participaron en el trabajo técnico de validación que se realizó a los kits de prueba para detectar COVID-19, que entregó el Municipio de Quito a la institución universitaria. En la diligencia solo se encuentran de manera presencial el fiscal del caso y la Defensoría Pública, el resto de sujetos procesales, incluidas las dos personas que darán su testimonio anticipado, participarán por vía telemática en la diligencia.

Tannya Lozada adelantó que lo que explicarán como investigadores ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, es cuál fue el trabajo científico que realizaron, el proceso realizado y cómo funciona la academia en estos casos.

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Lozada aseguró que fue Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y procesada en esta causa, quien se acercó a la UDLA para pedir que se realice la validación de pruebas y les entregó los kits a analizar. Con esa explicación negó que haya sido la institución universitaria la que buscó el acercamiento.

La investigadora sostuvo que a través de las técnicas usadas lo que se obtuvo es que la sensibilidad del kit entregado era menor a lo declarada por el fabricante e incluso al referido por Guamán. Lozada insistió en que el estudio hecho fue imparcial y que los resultados entregados fueron los obtenidos en la investigación, independientemente de que estén a gusto o no de la institución solicitante.

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“Nosotros hicimos un estudio con el fin de ayudar al Municipio. El Municipio no le paga a la UDLA absolutamente nada por eso. Nosotros no les pedimos hacer el estudio, ellos se acercan a nosotros (...) Nosotros en ningún momento adquirimos el kit de Isopollo para hacer el estudio, ya que no es de nuestro interés estar juzgando y no es nuestra labor ni misión avalar qué es lo que se usa y qué no se usa en el Ecuador. Esa no es nuestra misión. Definir si es que algo cumple con la calidad para que sea o no comercializado en el Ecuador, esa no es nuestra responsabilidad”, aclaró Lozada.

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Recordó la investigadora que luego de que ellos emitieron su resultado funcionarios del Municipio de Quito se comunicaron con el proveedor, con el fabricante y este último les habría dicho que había un error metodológico en la forma de hacer las pruebas. “Nosotros, que de ninguna manera estábamos aceptando el error metodológico, volvemos a repetir la prueba bajo los estándares que nos mencionaba el fabricante, para que no quepa ninguna duda sobre la calidad del trabajo realizado, (...), y nos ratificamos en los resultados”.

Casi dos horas y media demoró el testimonio anticipado entregado vía telemática por las Investigadora Lozada que incluyó preguntas realizadas por la Fiscalía y los abogados defensores de los catorce procesados.

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Inmediatamente ingresó virtualmente en la Sala, Miguel Ángel García, otro de los investigadores de la UDLA solicitados por la Fiscalía para que rinda su testimonio anticipado. (I)