Autoridades ambateñas analizan dar por terminado en forma unilateral el contrato para el funcionamiento de fotorradares en la ciudad.

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Este lunes 8, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional se reunió en Ambato para tratar este tema. El catedrático universitario Santiago Alvarado manifestó el 16 de abril del 2014, durante la alcaldía de Fernando Callejas, se celebró el contrato para la aplicación de fotorradares en la ciudad con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S. A.

Según Alvarado, este contrato supuestamente habría sido suscrito en forma ilegal, pues no se determina si fue bajo la modalidad de concesión o de gestión.

Alvarado indicó que presuntamente este contrato no es equitativo. Dijo que del valor recaudado por las sanciones a infractores, el 51,5 % corresponde al Municipio de Ambato y el 48,5 % a la empresa, pero luego de las deducciones administrativas de la concesionaria. Por ello, mencionó que el contrato debe ser anulado.

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El concejal de Ambato Robinson Loaiza recordó que en el 2018 participaron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pero que no hubo avances en esas reuniones. Él dijo que las sanciones a través de los fotorradares habrían sido supuestamente en forma ilegal.

Loaiza indicó que entre el 2015 y junio del 2021 a través de los fotorradares se recaudaron multas que suman aproximadamente $ 53 millones, de los que $ 28 millones fueron para el Municipio y $ 25 millones para la empresa.

El edil dijo además que por el noveno fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana, que se encuentra dentro de la red vial estatal, se han emitido unas 32.000 sanciones, que sumarían aproximadamente $ 60 millones en multas.

Luego de la reunión en la Comisión de la Asamblea Nacional, el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, manifestó que se dará estricto cumplimiento a lo que señala el contrato, es decir, verificar los posibles incumplimientos de la empresa.

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Según el alcalde, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no otorgó el permiso para la colocación del noveno fotorradar, por lo que su ubicación y uso es ilegítimo.

Dijo que se analizará la figura jurídica adecuada a utilizar para dar por terminado el contrato. El funcionario manifestó que se activarán acciones legales para que los valores “ilegítimos” que se hayan cobrado por las multas sean devueltos a la ciudadanía. (I)