Comités de padres y madres de familia de las instituciones educativas municipales del Distrito Metropolitano de Quito expresaron su preocupación por el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que se tramita con el carácter económico urgente en la Asamblea.
El proyecto de ley tiene siete artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final.
Según el Ejecutivo, se plantea incorporar reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias.
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El texto sugiere que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, y el 30 % para gasto corriente.
Preocupación de los comités de padres por la educación municipal
En un comunicado, difundido por el Municipio de Quito, esos comités mencionan que, si bien la reforma ha sido presentada como un ajuste de carácter financiero, consideran que su aprobación podría afectar directamente la sostenibilidad de los servicios municipales permanentes, especialmente la educación municipal.
Según esas asociaciones, la educación municipal no se sostiene únicamente en infraestructura, ya que su funcionamiento depende principalmente del talento humano, como docentes, médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeras, personal administrativo, de limpieza y seguridad.
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La mayor parte del presupuesto educativo municipal está destinada al pago de ese personal permanente, mencionaron.
Una limitación en el uso de estos recursos podría generar consecuencias como reducción de más de 1.400 docentes, hacinamiento estudiantil, posible cierre de instituciones educativas municipales.
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Además, afectación a modalidades presencial, semipresencial y a distancia, suspensión de programas de primera infancia y servicios médicos, odontológicos y psicológicos, recortes en seguridad, limpieza y mantenimiento.
Adicionalmente, la paralización de proyectos educativos e infraestructura en ejecución.
“Como familias, no podemos aceptar que decisiones presupuestarias políticas desconectadas de la realidad educativa pongan en riesgo la continuidad y calidad del servicio que reciben nuestros hijos”, agregan.
Argumentos legales y llamado al Legislativo
Citaron artículos de la Constitución que establecen que la educación es un derecho fundamental y un deber ineludible del Estado, y garantiza su carácter público y gratuito, y dispone que su financiamiento sea oportuno, regular y suficiente.
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Asimismo, se refirieron a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que reconoce la naturaleza pública, gratuita y autónoma de las instituciones educativas municipales.
Exhortaron al Legislativo a revisar cada artículo del proyecto de ley, considerando lo que llaman “posibles impactos reales” en la garantía del derecho a la educación, mientras que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate, el pasado jueves.
En Quito hay 20 unidades educativas municipales, donde existen unos 27.000 alumnos, 24.000 en modalidad ordinaria y 3.000 en bachillerato acelerado. (I)
