Un plantón en la Dirección de Educación del Municipio de Quito, en el centro de la ciudad, congregó a padres de familia y docentes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, quienes protestaron por la separación de Elizabeth Vela de su cargo como rectora de la institución. La causa, señalaron las autoridades, fue la inobservancia dentro del proceso establecido frente a una denuncia por acoso sexual de un profesor a una madre de familia.

El caso parte de la denuncia del esposo de la presunta víctima, quien aseguró que la mujer fue acosada sexualmente por parte de un docente de educación física. También afirmó que su hijo sufrió daños emocionales por dichas agresiones.

Para sustentar la acusación el hombre presentó informes periciales de la salud mental del chico e insistió en que el colegio no cayera en la revictimización haciendo que el menor repitiera ningún detalle de lo sucedido. Esto impidió que la institución brinde soporte emocional al joven, sin embargo, se verificó que no era alumno del profesor acusado desde hace dos años, según indicó Elizabeth Vela.

Patricio Avilés, director de gestión educativa, dijo que lo primero debió ser la atención psicológica del menor, sin embargo, Elizabeth “como buena persona trató de resolver el problema entre adultos”, añadió. Según el funcionario, ese fue el error de Vela, además de actuar ya cuando existía una denuncia en su contra.

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Ante esto, los padres de familia se organizaron y acudieron el pasado viernes 26 de marzo con pancartas al edificio de la Dirección de Educación para exigir que se dé marcha atrás en la decisión. Vela aseguró que cumplió con el procedimiento conforme a la ley para garantizar los derechos y bienestar del estudiante.

El sumario en contra de la entonces rectora se inició pese a que existe un documento de la presunta víctima desmintiendo todo lo denunciado. En el texto la madre de familia aseguró que su firma y la de su hijo fueron falsificadas. Vela aseguró que existe “mala fe” dentro del proceso que se sigue en su contra y añadió que lo ve como un problema de violencia intrafamiliar.

Según explicó Patricio Avilés, la entonces rectora no cumplió con el proceso que correspondía. Pues “lo primero que debía hacer era dar a conocer al DECE para que ellos determinen si hubo o no tal afección en el menor”, e indicó que no se hizo así y eso motivó su destitución.

Para el concejal Fernando Morales, “cualquier proceso legal tiene que ser debidamente motivado, tiene que haber elementos, tiene que haber un indicio”. Añadió que existen inconsistencias y que en caso de una sanción esta debe ser proporcional a la falta cometida.

La docente contaba, hasta el 19 de marzo que fue separada del cargo, con una carrera profesional de 28 años. Sin embargo, no solo perdió su trabajo como máxima autoridad de la institución educativa, sino que le obliga a permanecer fuera de las filas del magisterio y ejercer un cargo público por los próximos dos años.

Según Morales, la sanción “no tiene proporcionalidad” y por ello exhortó a la Comisión de Educación y Cultura a que entregue el expediente en favor de un debido proceso. Explicó, además, que la madre de familia presuntamente afectada presentó un documento asegurando que su firma fue falsificada y que la denuncia se trata de falsos que su esposo ha levantado en su contra.

A pesar de que la madre de familia participó en la audiencia en contra del maestro y desmintió lo referido por el padre de su hijo, el profesor de educación física fue sancionado con una suspensión de 30 días. Elizabeth Vela aseguró que irá hasta las últimas instancias para que el proceso se esclarezca. (I)