El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que se ha iniciado el proceso de deportación de 1.000 ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas.
Reimberg explicó que los reos deportados estaban finalizando su pena privativa de libertad en el país por robo, receptación, tráfico ilícito de sustancias y delitos contra la propiedad.
El ministro indicó que estos delincuentes tienen prohibido su ingreso a Ecuador por los próximos 40 años.
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“No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles. Seguiremos firmes. La seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo”, expuso Reimberg.
Recordó que esta deportación masiva es una acción que forma parte de la política de tolerancia cero con el crimen organizado.
“Quienes atenten contra la seguridad del país no tienen cabida aquí”, manifestó.
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Ecuador empezó los procesos de deportación masiva desde este viernes en la noche.
Migración de Colombia informó este domingo que, desde las 15:00 del 25 de julio hasta las 16:15 del 26 de julio de 2025, oficiales adscritos al Puesto de Control Migratorio Terrestre (PCMT) de Rumichaca han atendido a un total de 410 ciudadanos colombianos deportados desde Ecuador.
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La entidad apuntó que, de acuerdo con la información disponible, estas personas salieron de territorio ecuatoriano sin que se mediara un proceso administrativo formal de deportación que permitiera establecer de manera clara su condición migratoria.
Agregó que tampoco se realizaron coordinaciones previas por parte de las autoridades ecuatorianas con las oficinas consulares de Colombia en ese país, lo que impidió verificar plenamente su identidad o nacionalidad antes de su ingreso a territorio colombiano.
Migración apuntó que se activó un protocolo especial de contingencia en coordinación con autoridades del orden nacional, regional y local, con el fin de garantizar un proceso de recepción humanitaria seguro y ordenado.
La entidad añadió que en una primera fase se adelantó el proceso de verificación de identidad mediante la toma de impresiones dactilares, las cuales fueron contrastadas con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Posteriormente, se efectuó el control migratorio de ingreso al país a las personas en condición de deportadas.
En este proceso se identificaron once ciudadanos con órdenes de captura vigentes, quienes fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades judiciales competentes. (I)
